De acuerdo con varias expertas en la prevención y reducción del riesgo de desastres, la región de América Latina y el Caribe enfrenta un escenario de acumulación excesiva de riesgos, y elementos como la pobreza, la desigualdad y la violencia, son impulsores de dicho riesgo.

La discusión se dio en el marco del Seminario de Protección Social en tiempos del COVID-19 y otros Riesgos Socioambientales, realizado en coordinación con el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales (SURSA), del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se abordó la importancia de la resiliencia antes y durante los riesgos de desastres para tener una mejor respuesta desde el enfoque de la protección social y los derechos humanos.

Saskia Carusi, master en Estudios del Desarrollo del Instituto de Estudios Sociales de La Haya y oficial de Asuntos externos para la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), señaló que actualmente opera en la región un complejo ecosistema de impulsores de riesgo que incluyen el cambio climático, desplazamiento y migración masiva, criminalidad, violencia, crisis hídrica, inseguridad alimentaria, dando como resultado un escenario de acumulación excesiva de riesgos, por lo que la región se encuentra desequilibrada en términos políticos y económicos.   

“El Covid-19 supone una hipótesis de riesgo sistémico en el Caribe, pues se trata un desplazamiento interregional, aunado a las múltiples fallas sistémicas ya existentes. Por ello, una buena gobernanza de riesgo que incluya mandatos claros, planes nacionales y locales, coordinación multisectorial, datos abiertos y accesibles, asociación público-privada, ayuda a tener una mejor prevención de riesgos”, dijo. 

Carusi indicó que la seguridad social tiene un rol estratégico para hacer frente al riesgo de desastres en los servicios y la infraestructura de propiedad pública, administrados o regulados por el Estado.

Añadió además que: “la pobreza, la desigualdad y la exclusión son impulsores de riesgo en América Latina ya que los actuales modelos propician la construcción de riesgos, por eso, se debe luchar contra los factores subyacentes que aumentan el riesgo de desastres”.

Por su parte, Verhonica Zamudio, investigadora de la CISS, indicó que a raíz de los impactos económicos del Covid-19 hay una tasa de desocupación de 10.6%, equivalente a 23 millones de personas desempleadas.

“Las respuestas de los sistemas de protección social han sido la aplicación de programas emergentes como bonos familiares y pagos adelantados. Sin embargo, los retos para fortalecer la resiliencia están en la participación del sector de la seguridad social en la reducción de los riesgos de desastres, fortalecer la triada de los sistemas, y dar especial atención en reformas a los sistemas de seguridad social”, añadió.  

La resiliencia no es posible si no se avanza en temas de justicia social ante los desastres, pues se debe reconocer que los sistemas de protección social son un pilar de la gestión de riesgos vinculados al medio ambiente, enfatizó la investigadora.  

Claudia Natenzon, doctora en Geografía de la Universidad de Sevilla y directora del Diploma Superior en Conflictos Ambientales y Planificación Participativa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Argentina,  indicó que la resiliencia sí debe proceder mientras no se acepten las condiciones ya existentes pues no se puede reforzar lo que no se tiene, mientras que la justicia social, que es un ejercicio más amplio, debe permitir a las personas ejercer sus derechos y que haya oportunidades para todos.