La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) y el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales (SURSA), adscrito al Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), llevó a cabo la IV sesión del Seminario Protección social en tiempos del COVID-19 y otros riesgos socioambientales, con el tema “Migración y desplazamiento: retos de protección social”.
El Seminario tuvo el objetivo de analizar los fenómenos sociales de la migración y el desplazamiento en el contexto de la emergencia por el COVID-19 y la crisis climática, a partir de los principales mecanismos de protección en América Latina y el Caribe.
En su intervención, Juan Diego Terán, Especialista de la Comisión Americana del Adulto Mayor, de las Comisiones Americanas de Seguridad Social, de la CISS y del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), aseguró que la migración no permite que se tengan trayectorias laborales continuas, lo que impacta en la seguridad social de las personas.
“Los países de origen no pueden ser indiferentes a la partida y retorno de connacionales, por eso deben existir sistemas de seguridad social pensados en estos escenarios. Es importante garantizar la seguridad social como derecho universal, independientemente de la nacionalidad, sin importar la condición migratoria y con total respeto a los derechos humanos”, indicó.
Posteriormente, Claudia Herrera, Secretaria Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC), explicó que, debido a los desastres, la migración es una opción, pero no puede ser la única para tener mejores condiciones.
“En la región hemos desarrollado una Política Centroamericana en la Gestión Integral de Riesgos (PCGIR), que tiene cinco ejes: reducción del riesgo de desastres de la inversión para el desarrollo sostenible, desarrollo y compensación para reducir la vulnerabilidad, ambiente y cambio climático, gestión territorial, gobernabilidad y gobernanza, y, gestión de desastres y recuperación, la cual sitúa a los seres humanos en el centro”, explicó.
En su oportunidad, Daniel Rodríguez Velázquez, investigador de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, informó que 17.2 millones de personas migran debido a desastres asociados a amenazas naturales, las cuales enfrentan daños y perdidas derivadas de esas amenazas vinculadas al cambio climático.
“La política pública padece una debilidad institucional, se requiere de un fortalecimiento de los sistemas de gestión de riesgos de desastres y de seguridad y protección social, además de que los marcos jurídicos y su funcionamiento requieren actualización”, expresó.
Finalmente, Laura Rubio Díaz Leal, consultora independiente sobre migración forzada y profesora-investigadora de tiempo parcial en el Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), explicó que la migración forzada tiene diferentes causas, como lo son la persecución; desastres, cambio climático y calentamiento global; y proyectos de desarrollo económico a gran escala. “Solo 2% de la población refugiada tiene acceso a soluciones duraderas; entre las opciones se cuentan: el retorno, la integración local, el reasentamiento internacional o reubicación interna y, autonomía y autosuficiencia mientras dure la crisis en el país de origen”, dijo.
