La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y la Presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), liderada por México, llevaron a cabo el Seminario “Continuidad de Gobierno y Operaciones ante Situaciones de Emergencia y Desastres”.
Durante la inauguración, el Secretario General de la CISS, Alvaro Velarca, señaló que el COVID19 ha reafirmado la necesidad de construir y fortalecer las estrategias de gestión de riesgos vinculados a las contingencias socioambientales, a través de planes que favorezcan la no interrupción o, en su caso, el restablecimiento inmediato de las actividades esenciales de cada uno de los niveles de gobierno estratégicos, en caso de desastres.
El Seminario tuvo el objetivo de compartir información y experiencias sobre los principales protocolos, normativas y nuevos estudios sobre la continuidad de gobierno y de operaciones frente a eventos catastróficos y pandemia como la del COVID-19.
Las emergencias y desastres por peligros naturales o de origen antrópico pueden generar la interrupción de las operaciones de las instituciones públicas y de la sociedad, poniendo de manifiesto lo vulnerable que son las operaciones del gobierno, la prestación de servicios públicos esenciales tales como agua, electricidad, comunicaciones, entre otros, y la protección a los más vulnerables. En este contexto, la pandemia del COVID-19 reforzó la necesidad de perfeccionar los planes estratégicos y operacionales ante posibles eventos catastróficos de esta naturaleza.
En circunstancias de esta índole, se aspira a que los países cuenten con políticas públicas dirigidas a manejar estas situaciones adversas, garantizar la estabilidad y permanencia de las instituciones públicas y suministrar servicios esenciales a la población afectada y en situación de vulnerabilidad.
Claudia Herrera, Secretaria Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC), informó que se trabajó en un plan de contingencia frente al coronavirus, que contribuye a la ejecución del programa en sus cinco componentes, los cuales tienen el objetivo de complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, contención, tratamiento y recuperación del Covid-19.
“Los huracanes ETA y IOTA representaron un reto y una experiencia en la cual CEPREDENAC pudo fortalecer su rol de coordinación regional en muchos sentidos, desde la comunicación, agilidad de respuesta, asistencia humanitaria, protocolo de envío, tránsito y recepción de ayuda humanitaria”, explicó.
Entre los retos que se presentan está fortalecer las capacidades de los equipos de primera respuesta; restablecer stocks y pre-posicionamiento, logística y rotación de equipos técnicos; actualizar estrategias regionales y sectoriales de recuperación y resiliencia; y evaluar las estrategias de gestión financiera del riesgo de desastres para optimizar las herramientas disponibles.
Sergio Rico, Director Nacional del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), señaló que la gestión de riesgos es un tema multisectorial que incluye los esfuerzos privados, sin el cual, en contingencias como el COVID-19, hubiera sido más difícil retomar el camino hacia la recuperación.
“Solo a través de la diversidad y diversificación de la respuesta a los desastres y la comunicación continua, se logrará salir de los desastres que se presenten no solo en las regiones, sino en el mundo”, aseguró.
Elisa Trujillo Leyva, Directora de la Red Nacional Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres (ARISE-México), ejemplificó cómo distintas empresas privadas prestaron ayuda en desastres como el sismo de 2017.
Nelson Hernández, Profesional Especializado de la Presidencia Pro Témpore de Colombia del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE), afirmó que entre los desafíos de la subregión están el promover más la preparación para la respuesta desde el enfoque de continuidad de las operaciones en los niveles nacionales y subnacionales de gobierno; fortalecer las capacidades institucionales en la elaboración de estrategias de COOP y COG, teniendo como base el análisis específico de los riesgos de desastres, así como articular las estrategias COOP y COG con los diferentes planes nacionales de emergencia, protocolos y procedimientos operativos existentes.
