En México, como en la mayoría de los países de la región americana, la actividad aseguradora ha atravesado diferentes etapas que van desde la libertad completa en la operación de los diversos ramos, hasta la rigidez de la norma que ha impedido la competencia en perfecta en el mercado.

Con las facultades extraordinarias otorgadas en 1934 al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el sector asegurador transitó de una libertad de operación que incluía la participación de entidades extranjeras, hacia un estricto control por parte del supervisor, el cual ocasionó que la mayoría de las compañías foráneas se retiraran del mercado mexicano.

Si bien al ordenamiento de 1934 se le considera como punto de partida para el gran desarrollo del sector asegurador mexicano, éste era estricto en cuanto a factores como la inversión de reservas técnicas, las cuales no podían ir a valores extranjeros a menos de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo autorizara, y con un límite del 25% del total de reservas.

Asimismo, se estableció por primera vez el concepto de solvencia, refiriéndolo a que era el estado de toda entidad aseguradora que no estuviera en quiebra o en proceso de liquidación.

Cuando en 1990 se promulgó una nueva ley del sector, éste comenzó un proceso de liberación y desregulación que transformó el régimen de inversión de las reservas y vinculó el concepto de solvencia con el de liquidez.