La vivienda es un derecho humano y económico, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por esta razón, los Estados nacionales tienen la obligación jurídica de hacer valer este derecho a toda su población, en igualdad de condiciones y sin discriminación.

Además, en materia de vivienda adecuada, existe un compromiso de los Estados por alcanzar en 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre ellos destaca el objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, el cual busca que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Las metas de este objetivo incluyen asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, como transporte público, agua potable, energía, entre otros; aumentar la urbanización inclusiva y sostenible; redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo; reducir significativamente el número de muertes y pérdidas económicas causadas por los desastres; reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades; y proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros.

Uno de los grandes avances internacionales para reducir la brecha de acceso a la vivienda ha sido la ampliación de la definición conceptual y cuantificación del derecho a una vivienda adecuada. Este último término incluye la seguridad de la tenencia, protección contra los desalojos forzados, disponibilidad de servicios, como el acceso a agua potable, energía o transporte; así mismo, incluye atributos como vivienda asequible, habitable y adecuada en términos culturales y de ubicación.

Organismos internacionales como la ONU, con las acciones del relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, y ONU-HABITAT han propuesto diversas alternativas para lograr los objetivos planteados para 2030. Así mismo, los gobiernos nacionales y subnacionales han instrumentado una amplia variedad de estrategias orientadas a atender la falta de acceso a la vivienda y otros problemas vinculados. En algunos casos, incluso operan instituciones que vinculan el derecho a la vivienda con el derecho a la seguridad social.

La revisión de los modelos y experiencias disponibles puede arrojar hallazgos interesantes sobre los desafíos y oportunidades para conseguir avances sustanciales en el cumplimiento de la Agenda 2030. En este sentido, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) convocan al Foro “Experiencias internacionales en el acceso a la vivienda adecuada y su vinculación con la seguridad social”, para repasar las experiencias recientes para la promoción del acceso a la vivienda alrededor del mundo, poniendo especial atención a los casos en los que se le ha vinculado con las prestaciones de la seguridad social. El foro se llevará a cabo el 04 de octubre de 2023, de manera virtual.