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La maternidad es una de las tareas esenciales de la reproducción social. Jamás será obsoleta puesto que de ella depende la supervivencia de la sociedad. La reproducción biológica y la crianza de los nuevos miembros de la colectividad son fundamentales para la realización de la vida tal cual la conocemos. Sus beneficios y las utilidades que crea son tan grandes y difíciles de cuantificar que no podríamos equiparar este trabajo con ningún otro. Las tareas de cuidado y crianza han recaído histórica y culturalmente como trabajo de mujeres.

En las últimas dos décadas, en las Américas se han acumulado experiencias de protección social ante contingencias socioambientales que merman los ingresos, los medios de subsistencia y el entorno ambiental, fracturando el bienestar personal y familiar, y la vida digna.

El empobrecimiento en la vejez es uno de los principales riesgos en la vida de los seres humanos. El momento de la jubilación puede complicar la realidad de cada persona si no tiene los medios económicos para mantener un nivel de vida similar al que tenía cuando era un trabajador activo; la potencial pérdida de bienestar por la disminución de los flujos económicos es parte de los riesgos sociales del ciclo de vida de cada persona.

Desde inicios de la Edad Media, el deporte y el ejercicio físico fueron relegados al terreno del ocio y la recreación improductiva. Es hasta finales del siglo XIX cuando se tomarían en cuenta sus ventajas y bondades para la consecución de una vida plena, digna y sana en las sociedades industriales. Desde la posguerra, los Estados nacionales utilizaron el ámbito deportivo como un espacio de reconstrucción del tejido social y una herramienta diplomática que los posicionaba de una determinada forma en el concierto global.

La interrupción del embarazo es un tema polémico con repercusiones graves en el bienestar de las mujeres. Mientras que el continente americano es francamente conservador al respecto —dado que sólo en unos cuantos países está legalizada—, América del Sur y el Caribe encabezan la lista de regiones en el mundo con mayor número de abortos. Esto significa que, independientemente de las restricciones legales, las mujeres siguen abortando y, en la mayoría de los casos, lo hacen en condiciones inseguras que pueden repercutir de manera negativa en su salud.

La incorporación de las trabajadoras del hogar a la seguridad social es un problema sumamente complejo que en años recientes ha empezado a ser prioridad de los gobiernos. Si bien siempre ha sido un tema a discusión, fue hasta inicios de siglo, con el surgimiento de gobiernos progresistas en el continente y el lanzamiento del Convenio 189 por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que la región americana empezó a plantearse seriamente cómo garantizar el derecho humano de la seguridad social a quienes se desempeñan en este tipo de labor.

La propuesta conceptual para el análisis de la seguridad social desarrollada por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) se refiere a la búsqueda de protección “a los individuos y las colectividades ante riesgos”. A partir de este enfoque de riesgos, deben reconocerse cuatro acciones que pueden tomarse para darles tratamiento: indiferencia, prevención, ahorro y aseguramiento.

La realidad tiende a cambiar más rápido que las leyes. Con el tiempo, los procedimientos establecidos en las legislaciones no se ajustan a las innovaciones de las prácticas sociales, por lo que tienen una capacidad limitada de normarlas. En esos casos, es fundamental modificar el marco jurídico o la manera en la que los gobiernos atienden los problemas públicos.

Hay cierto consenso internacional en la producción de estadísticas sobre trabajo, y en menor medida, sobre seguridad social. Desde 1923, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET), ha adoptado resoluciones para coadyuvar en la producción de estadísticas sobre el trabajo.

Uno de los esfuerzos constantes de las sociedades actuales debe ser el de mejorar la salud de la población y garantizar un acceso a la atención sanitaria cuando se requiera sin que ésta ponga en riesgo financiero a las personas usuarias. Esto significa perfeccionar las estrategias de prevención y promoción de la salud desde los distintos ámbitos en los que las personas se desenvuelven —el trabajo, la escuela, el espacio público, el hogar—, así como la inversión en infraestructura, tecnología, recursos humanos y otros elementos que permitan un correcto funcionamiento del sistema.