La pandemia del VIH ha estado históricamente acompañada de estigma y discriminación derivado de la marginación social que experimentaron las primeras poblaciones en las que se identificó esta condición de salud a principios de la década de los ochenta, refiriéndonos a hombres que tienen sexo con hombres, personas trabajadoras sexuales y usuarias de drogas inyectables. Si bien hoy sabemos que el virus puede afectar a cualquier persona con independencia de su orientación sexual, identidad y expresión de género, ocupación o cualquier otra condición, el estigma y discriminación permanecen en un entorno social generalizado a estos mismos grupos.

Siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la institución de seguridad social más grande del país, e impulsando la prevención y eliminación de prácticas de estigma y discriminación en la atención de la salud, se ha planteado como meta la capacitación a todas y todos los profesionales de la salud que, en primera instancia, participan en algún proceso relacionado a la prevención y/o atención de las más de 80 mil personas derechohabientes que viven con VIH, buscando gradualmente, avanzar con la estrategia y ampliar su impacto en otros grupos en situación de vulnerabilidad.

En el IMSS, tan sólo en el periodo de julio de 2019 a junio de 2020, se otorgaron más de 101 millones de consultas; aunado a las más de 17 millones de personas que fueron atendidas en los servicios de urgencias[1]. Con ello, ante el enorme volumen de servicios que presta el IMSS, no es poco frecuente que ocurran incidentes que puedan ser señalados por la derechohabiencia como violatorios de sus derechos humanos, entre ellos, la garantía en el acceso efectivo a servicios de salud.

En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha referido que el IMSS es la institución más frecuentemente señalada en las quejas por violaciones a los derechos humanos, ocupando el primer lugar desde el 2012. En 2018, de los 9,002 expedientes de queja tramitados por la CNDH, 2,532 señalaban a personas servidoras públicas del IMSS, lo que representaba un 28% de los expedientes de ese año. En 2019, el IMSS también ocupó el primer lugar con 3,374 (28%) expedientes de los 11,912. En 2020, de nueva cuenta el IMSS ocupó el primer lugar como la autoridad más señalada con 3,373 (30%) expedientes de queja de los 11,387 de dicho año.

Así mismo, en 2019, la CNDH reconoció que el IMSS fue la «autoridad señalada como presunta responsable con mayor frecuencia por presuntas violaciones a los derechos humanos de las poblaciones LGBTI», por «faltar a la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia en el desempeño de funciones, empleos, cargos o comisiones, así como prestar indebidamente el servicio público»[2]

Entre enero de 2016 y septiembre de 2020 en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) se radicaron 3,311 quejas calificadas como presuntos actos discriminatorios. De éstas, 254 (8%) correspondieron a actos que señalaron al IMSS (como presunto responsable). Las principales causas fueron: condición de salud (84), género (51) y orientación sexual (42)[3]

[1] Instituto Mexicano del Seguro Social (2020). Informe de labores y programa de actividades 2019-2020. Disponible en: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/2020/ILPA-2019-2020.pdf

[2] CNDH. (2019). Informe de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Disponible en http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2019/IA_2019.pdf

[3] Información proporcionada directamente por la Presidencia del CONAPRED.