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La ampliación de las pensiones no contributivas ha sido una de las principales políticas del gobierno federal en los últimos años, destinadas a reducir la desigualdad y garantizar un nivel básico de bienestar para los sectores más vulnerables. Aunque estas medidas son socialmente relevantes, también plantean desafíos fiscales importantes que podrían comprometer la estabilidad económica del país en el mediano plazo.
El presupuesto de 2024 asignó más de 465 mil millones de pesos a estas pensiones, casi el doble de lo destinado en 2019, reflejando su creciente peso en las finanzas públicas. Esto no solo limita recursos para áreas clave como infraestructura, salud o educación, sino que también aumenta la dependencia de ingresos fiscales insuficientes, como los ingresos petroleros y una baja recaudación tributaria (16% del PIB, uno de los niveles más bajos en la OCDE). Sin reformas fiscales, México podría enfrentar un aumento del endeudamiento público.
Beneficios a corto plazo, riesgos a largo plazo. En el corto plazo, las transferencias sociales pueden estimular el consumo en sectores vulnerables, impulsando la economía local. Sin embargo, el envejecimiento poblacional proyectado exigirá mayores recursos en el futuro. Hasta ahora, no hay evidencia de una planeación fiscal robusta que asegure la sostenibilidad de estas políticas.
La falta de inversión en infraestructura y proyectos productivos, resultado de la priorización de programas sociales, podría restringir el crecimiento económico a largo plazo. Si bien los programas sociales reducen la desigualdad, su efectividad depende de un entorno de crecimiento económico sostenido que permita ampliar la base tributaria, en especial en la alta informalidad y mantener los compromisos fiscales.
Impacto en el T-MEC y el entorno internacional. El modelo de bienestar basado en transferencias directas ha generado tensiones con los compromisos internacionales asumidos en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Dos aspectos clave son las políticas energéticas y las reformas laborales.
En el sector energético, el gobierno ha privilegiado a las empresas estatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), restringiendo la participación privada extranjera. Esto viola principios de no discriminación y acceso a mercados estipulados en el T-MEC.
En el ámbito laboral, las reformas orientadas a fortalecer los derechos de los trabajadores han sido bien vistas en algunos sectores, pero también han generado costos significativos y constante supervisión de Estados Unidos. Si México no cumple con las normativas, podrían surgir barreras comerciales o sanciones.
Fortalecimiento del Estado de derecho. La sostenibilidad de las políticas sociales depende de un marco institucional sólido. Sin embargo, preocupaciones sobre la independencia judicial, el respeto a contratos y concesiones, y la transparencia en el uso de recursos han erosionado la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.
Para garantizar un impacto positivo duradero de las reformas sociales y económicas, es esencial fortalecer el Estado de derecho, restaurando la confianza en las instituciones.
En mi opinión, la sostenibilidad fiscal y económica de México necesita un enfoque equilibrado, que permita mantener la justicia social sin comprometer la estabilidad fiscal, consiguiéndolo a partir de:
1. Reforma fiscal integral: incrementar la recaudación mediante impuestos progresivos y mayor eficiencia en el cobro.
2. Fomento a la inversión privada: proveer certidumbre jurídica y un entorno favorable para los negocios, atrayendo inversión extranjera y generando empleos.
3. Planeación demográfica: prepararse para el envejecimiento poblacional con esquemas de ahorro para el retiro y ajustes graduales en programas sociales.
4. Cumplimiento del T-MEC: alinear políticas internas con compromisos internacionales para evitar sanciones.
5. Fortalecimiento institucional: garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
El desafío del 2025 y más allá, el presupuesto para 2025 propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum prioriza la ampliación de los programas sociales, pero carece de un plan claro para generar ingresos que los financien. Si la economía no crece y no mejora la seguridad en el país es probable que en 2026 se enfrenten desafíos significativos: mayor deuda pública, menor inversión en sectores clave y tensiones políticas internas.
El éxito de esta administración dependerá de lograr avances en economía y seguridad en los próximos 12 meses. Sin un crecimiento económico sostenible y políticas fiscales responsables, las iniciativas actuales corren el riesgo de comprometer el desarrollo futuro de México.
https://www.sdpnoticias.com/opinion/retos-de-las-pensiones-no-contributivas-y-el-futuro-economico-de-mexico/
