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El opositor Frente Amplio (centroizquierda) de Uruguay, que ganó las elecciones del domingo, se prepara para enfrentar los desafíos del futuro Gobierno con un «enfoque claro»: abordar las necesidades inmediatas de la población, fomentar un crecimiento económico inclusivo y garantizar la justicia social.
Con Yamandú Orsi como presidente electo, las prioridades apuntan a la construcción de un Uruguay que «crece, cuida y da seguridad», dijeron a la Agencia Sputnik distintos dirigentes frenteamplistas.
El próximo Gobierno de Orsi apuntará a enfrentar las desigualdades estructurales de Uruguay con políticas de redistribución que prioricen a los sectores más vulnerables, señalaron.
Desde la necesidad de una nueva reforma de la seguridad social hasta el fortalecimiento de programas sociales, los dirigentes subrayan la necesidad de atender de manera inmediata la pobreza, los salarios más bajos y el acceso a derechos básicos como la educación y la salud. La recuperación del sistema sanitario, en especial en áreas críticas como la salud mental, es vista como una oportunidad para retomar el camino hacia una sociedad más justa.
«Uruguay va a volver a un desarrollo inclusivo, con justicia social, que es lo que precisamos para poder avanzar. Tuvimos cinco años de retraso porque efectivamente no fuimos capaces en su momento de mostrar, de empatizar con las necesidades del pueblo. Hoy lo volvemos a hacer y creo que tenemos mucho para construir este nuevo Uruguay más justo, más solidario, más inclusivo, que nos merecemos todas y todos», dijo a la Agencia Sputnik el intendente (alcalde) de Montevideo, Mauricio Zunino
El domingo, Orsi obtuvo el 49,84 por ciento de los votos, mientras que el oficialista Álvaro Delgado, de una coalición de partidos de centroderecha, logró un 45,87 por ciento, una diferencia de poco mas de 95.000 sufragios, según datos de la Corte Electoral.
El líder izquierdista asumirá el 1 de marzo de 2025 por un periodo de cinco años.
Desigualdad y crecimiento
En materia económica, los dirigentes frenteamplistas proponen un modelo que busque crecimiento con inclusión, poniendo énfasis en la generación de empleo digno, el aumento de ingresos en los hogares más vulnerables y el fortalecimiento del consumo interno.
Este modelo no solo busca sacar a Uruguay del estancamiento económico, sino también garantizar que el desarrollo beneficie a todos, reduciendo las brechas de género, etnia, territorio y clase social, señalaron.
La senadora electa Lucía Etcheverry remarcó en diálogo con esta agencia la urgencia de dar «señales» claras para empezar a «crecer y que la gente pueda llegar a fin de mes con tranquilidad».
En el mismo sentido, Pablo Ferreri, exsubsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas y actual coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo, planteó que el crecimiento económico debe estar acompañado de una redistribución equitativa.
«Hay que poner foco en que la economía crezca más. Tenemos una economía estancada, pero que además reproduce la desigualdad y la incrementa. Por lo tanto, poner foco en mayor crecimiento y en mejor redistribución de esa riqueza va a ser fundamental. Y las políticas de primera infancia, como lo ha dicho el presidente electo más de una vez, a lo largo de toda la campaña requiere un foco muy fuerte», dijo a la Agencia Sputnik.
Asmismo, sostuvo que es necesario atender a los más de 500.000 uruguayos que ganan menos de 25.000 pesos (586 dólares), apuntalar las jubilaciones más bajas e impulsar la política de vivienda.
En la misma sintonía, Daniel Olesker, quien fue ministro de Desarrollo Social y de Salud durante el Gobierno de José «Pepe» Mujica (2010-2015), enfatizó que combatir las desigualdades económicas y sociales será fundamental.
«Es crucial incrementar los ingresos de los hogares más vulnerables y reducir las brechas en los salarios más bajos», indicó. Además, subrayó la necesidad de revitalizar el sistema de salud, especialmente en áreas como los tiempos de espera, el acceso a medicamentos y la atención en salud mental.
Al mismo tiempo, Olesker sostuvo que es necesario incrementar las transferencias monetarias, las becas de permanencia en el sistema educativo.
Por su parte, la senadora electa Cristina Lustemberg, exviceministra de Salud Pública, destacó que el «máximo desafío» que tiene el Frente Amplio es abordar con políticas públicas las desigualdades.
«Las desigualdades de género, intergeneracionales, territoriales, étnico-raciales y para eso hay que tener políticas activas en lo económico, de protección en microempresas, herramientas de primera oportunidad laboral para los jóvenes, para mejorar todo lo que tiene que ver con el tránsito de los jóvenes en la educación media, con un sistema nacional integrado de cuidados potentes, con servicios fuertes», señaló.
La legisladora consideró que es necesario un «conglomerado de medidas» para reducir la desigualdad en aquellos lugares del país en donde existe una «extrema vulnerabilidad».
Entre 2014 y 2024, el producto interno bruto de Uruguay creció apenas uno por ciento anual en promedio, lo que es visto por los dirigentes como uno de los desafíos más relevantes del próximo Gobierno.
Un sondeo del Instituto Nacional de Estadística reveló el 24 de septiembre que 64 de cada 1.000 hogares en Uruguay estuvieron por debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre de 2024, lo que significa que el total de personas en esa condición se ubicó en 9,1 por ciento.
Asimismo, Uruguay está entre los países con mayores tasas de pobreza infantil, según un ránking elaborado por Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en junio de este año entre países de ingresos altos y medio-altos.
En el ránking de Unicef, Uruguay ocupa el lugar 37 de 40 en cuanto a la tasa de pobreza infantil, que alcanza el 31,1 por ciento de esa población; según dicho estudio 150.000 niños, niñas y adolescentes son pobres en Uruguay.
Reforma de la seguridad social
Por su parte, la diputada y ex intendenta montevideana Ana Olivera destacó, en diálogo con la Agencia Sputnik, la importancia de iniciar un diálogo amplio sobre la seguridad social.
En la primera vuelta de las elecciones, el 27 de octubre, se realizó en forma simultánea un plebiscito impulsado por la central sindical única PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores) promoviendo una reforma constitucional para modificar el sistema jubilatorio del país, pero no fue aprobado.
Sin embargo, el Frente Amplio en sus bases programáticas establece que se impulsará un diálogo social para analizar una reforma de la seguridad social con el fin de modificar el actual régimen adoptado por el Gobierno de Luis Lacalle Pou que, entre otras cosas, establece un aumento escalonado de la edad para jubilarse de 60 a 65 años.
«Ese millón de personas que votaron por el Sí (a la reforma) en el plebiscito es una señal clara. No se trata solo de una reforma jubilatoria, sino de un sistema de protección social integral. Por lo tanto, es necesario iniciar el diálogo para llevar adelante una reforma», señaló Olivera.
Asimismo, destacó que otro de los puntos establecidos en el programa del Frente Amplio es llegar a una reducción de la jornada laboral, aumentar el presupuesto para la educación y recuperar la «presencia del Estado» en aquellos lugares en los que se ha «retirado».
Seguridad
La seguridad ciudadana es otro eje central del próximo Gobierno, con un enfoque integral que combine la prevención y la represión, involucrando no solo al Ministerio del Interior, sino también a otras instituciones del Estado, afirmaron los dirigentes. Esto busca atender las problemáticas de convivencia en los barrios más afectados y devolver la tranquilidad a las familias. Este abordaje, según los dirigentes, requiere coordinación y una fuerte presencia estatal en todo el territorio.
«Es lo que ha marcado Yamandú desde el principio: las medidas urgentes para resolver los problemas de todos los días, los más complejos. Uno de ellos obviamente es la seguridad. Ahí hay medidas importantísimas que tomar. No solamente en la represión, sino también en la prevención. Entonces hay medidas que tienen que ver con el Ministerio del Interior, pero también con otros organismos. Sobre todo para llevar tranquilidad a muchísimos barrios de nuestro país», afirmó Etcheverry.
Uruguay tiene una tasa de 11,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, el doble del promedio mundial.
En 2023, se registraron 382 homicidios en una población de 3,4 millones de habitantes.
Aunque el Gobierno actual, que asumió en 2020, reporta una caída en las denuncias de delitos como rapiñas y hurtos (27 por ciento y 19 por ciento respectivamente) respecto a 2019, el propio Lacalle Pou, admitió que no han podido controlar los homicidios. (Sputnik)
Reforma jubilatoria, seguridad y desigualdad: los desafíos del próximo Gobierno uruguayo
