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El acceso a la seguridad social es un tema crucial que ha sido resaltado recientemente en el debate político, especialmente en relación con las personas trabajadoras agrícolas. Mientras que en otros sectores existe una proporción considerable de trabajadores que carecen de acceso a la seguridad social, en el sector agrícola esta situación es aún más aguda, lo que resalta la urgente necesidad de abordar esta brecha en la cobertura.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo existe una disparidad en el acceso a instituciones de salud entre los diferentes sectores laborales. Según las cifras más recientes, a finales de 2023 había 59 millones 403 mil 947 personas ocupadas distribuidas en los tres sectores: primario, secundario y terciario. De este total, el sector primario, que incluye principalmente a trabajadores agrícolas, cuenta con 6 millones 438 mil 089 personas laborando.
Un análisis detallado de estos datos muestra que el acceso a las instituciones de salud es especialmente problemático en el sector primario. En este sector, el 92.28% de los hombres y el 86.34% de las mujeres no tienen acceso a instituciones de salud. Estas cifras contrastan significativamente con el sector secundario, donde el 55.87% de los hombres y el 44.09% de las mujeres no tienen acceso a las instituciones de salud, y con el sector terciario, donde el 61.83% de las mujeres y el 54.07% de los hombres carecen de acceso a estas instituciones. Esta comparación pone de relieve la grave situación que enfrentan los trabajadores agrícolas en cuanto al acceso a las instituciones de salud. A pesar de los esfuerzos legislativos pasados, como el capítulo 23 del Tratado de Libre Comercio y las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas apenas han mejorado.
La ausencia de cobertura de seguridad social obliga a los trabajadores a enfrentar solos las enfermedades y lesiones laborales, careciendo del apoyo esencial para salvaguardar su bienestar y el de sus familias. Las pocas personas que cuentan con cobertura se enfrentan a la complejidad de tener múltiples números de seguridad social, a la falta de documentos de identidad para su inscripción, así como a altas temporales que solo se otorgan durante la enfermedad y en la recuperación de accidentes laborales. Además, experimentan discriminación y violencia durante la prestación de servicios médicos. Esta situación les lleva a acudir principalmente a los consultorios junto a farmacias en lugar de los servicios de salud pública.[i]
El problema se extiende más allá de la falta de acceso a las instituciones de salud. Las personas trabajadoras del campo a menudo son contratadas por intermediarios (capitanes, enganchadores, cuadrilleros, etc.). Estos siguen desempeñando un papel importante porque cumplen funciones de apoyo con las personas trabajadoras y los patrones aprovechan su posición para evadir sus responsabilidades con las y los trabajadores, como proporcionar capacitación, material, protecciones, pago y otras prestaciones. Durante el viaje a las plantaciones, enfrentan deportaciones (aunque hayan nacido en México), extorsiones, secuestros y discriminación. Al llegar a los campos, pueden descubrir que las condiciones prometidas no se cumplen. Al final de la temporada, regresan a sus lugares de origen, donde se pueden repetir estas experiencias.
Además, es importante destacar que, si bien las leyes ya contemplaban mejoras en las condiciones laborales y de vida para las personas trabajadoras del campo, la implementación efectiva de estas ha sido limitada. El problema de la informalidad laboral y la falta de acceso a la seguridad social en el sector agrícola persiste, lo que aumenta la necesidad de medidas más sólidas y de una mayor supervisión por parte de las autoridades laborales y de seguridad social.
Es esencial reconocer que mejorar las condiciones laborales en el sector agrícola no solo es un imperativo ético, sino también una inversión en el bienestar y la productividad de las personas que trabajan en el sector. El dicho popular dice “sin maíz no hay país”, aquí podemos decir que sin las personas trabajadoras del campo no hay maíz ni mucho menos país. Por lo que, el acceso a las instituciones de salud para las y los trabajadores agrícolas es una base mínima para que quienes producen nuestros alimentos puedan tener un trabajo digno.
Desafíos en el campo: seguridad social para mujeres jornaleras
