La migración hacia otros países ha sido un fenómeno constante en el mundo. Los factores económicos, sociales y políticos son los que impulsan a que las personas abandonen sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades laborales y de seguridad (UNHCR ACNUR, 2024).

En el caso específico de Centroamérica, la migración está impulsada principalmente por la combinación de pobreza, violencia, cambio climático y reunificación familiar (Chisti & Bolter, 2020). En el Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras, el fenómeno de la pobreza como consecuencia de la falta de oportunidades económicas es una causa predominante de la migración. Según evaluaciones recientes, aproximadamente el 60% de la población en estos países vive en condiciones de pobreza (Banco Mundial [BM], 2024). Asimismo, la población con ingresos salariales en estos países reporta condiciones laborales precarias, lo que junto al desempleo ha fomentado que la migración se considere una forma de sobrevivencia económica.

Otro factor clave de la migración es la violencia, atribuida principalmente a la presencia de pandillas y crimen organizado. Los altos niveles de violencia en la región centroamericana y México reportan tasas de homicidios entre las más altas del mundo, lo que obliga a muchas familias a migrar para salvar sus vidas (Clemens, 2021). El cambio climático, como elemento emergente, también ha agravado la situación de la migración al destruir cultivos, provocar desastres y hacer que las comunidades rurales sean cada vez menos resilientes (Programa Mundial de Alimentos, 2024).

La mayoría de los migrantes centroamericanos se dirigen hacia Estados Unidos, aunque también hay flujos significativos hacia México y otros países de la región. Además de la incertidumbre de entrar en el país de destino, los peligros que los migrantes enfrentan en el camino son altamente considerables: el impacto biológico de viajes largos y peligrosos, el riesgo de explotación y secuestros, o bien los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que intentan contenerlos hacen que la migración sea un fenómeno que requiere corrección (Congressional Research Service [CRS], 2023). Considerando que la política migratoria de Estados Unidos, especialmente bajo administraciones recientes, ha dificultado el cruce seguro de la frontera y promovido la detención y deportación de migrantes, los países emisores deben considerar posiciones políticas y proyectos que mejoren estas condiciones.

Desde un lado positivo, la migración centroamericana tiene múltiples consecuencias, tanto en los países de origen como en los países de destino. En los países de origen, la migración reduce la fuerza laboral, pero incrementa las remesas, que constituyen una fuente vital de ingresos para el sistema económico. En 2023, las remesas representaron aproximadamente el 20% del PIB de Guatemala (Banco Mundial [BM], 2024). La contribución de los migrantes constituye un aporte significativo a la economía de los países y permite a muchas familias sobrevivir al fenómeno de la pobreza. Sin embargo, para las instituciones de seguridad social en Centroamérica, la salida de personas jóvenes y trabajadoras genera una pérdida de capital humano que debe analizarse, principalmente porque afecta la generación de pensiones y, a corto plazo, la salud de las familias.

Es vital la reducción de la tensión política y social que acompaña el proceso migratorio, lo cual debe regularizarse para aprovechar mejor los efectos positivos que genera y reducir la discriminación y la limitación de servicios sociales a los migrantes (Massey & Pren, 2024).

Contrario al deseo de mejorar las condiciones migratorias, en los últimos años, la política de «Permanecer en México» y las deportaciones masivas han sido medidas para contener la migración. Estas políticas han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos por no proporcionar la protección necesaria a los solicitantes de asilo (Human Rights Watch, 2024). Por lo tanto, es necesaria una respuesta internacional que incluya la cooperación interinstitucional a nivel nacional. Los ministerios de economía y de trabajo podrían liderar estos esfuerzos. Si bien al inicio de la década se buscaba reducir las causas de la migración, hoy se debe considerar el ordenamiento de la migración irregular debido a las oportunidades de empleo que se generan en la transición demográfica de los países desarrollados (Pierce & Bolter, 2020).

Para abordar este fenómeno de manera efectiva, este tipo de reuniones y encuentros es crucial. La unidad de las instituciones de seguridad social y las propuestas que puedan surgir del análisis colectivo en los países involucrados permitirán un trabajo de impacto positivo y soluciones integrales, más allá del simple formalismo de intentar reducir la migración en un mundo históricamente migrante. Aunque el fenómeno migratorio es un desafío, ponerlo en discusión en estos foros genera una esperanza institucional positiva, que puede mejorar las condiciones de vida para los migrantes y sus familias bajo el paraguas de la seguridad social y la promoción de derechos humanos.

Dr. Mario David Cerón Donis
Segundo vicepresidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y coordinador de la Subregión Centroamérica en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.