Las principales cuestiones elementales que surgen sobre la financiación de la Seguridad Social para garantizar la cobertura de los beneficios planteados se pueden enmarcar en las siguientes preguntas: ¿De dónde se extraen los recursos?, ¿de qué forma?, ¿a través de qué instituciones?, ¿cuál es la base de cálculo y cómo participa el Estado?

Para dar respuestas a estas preguntas, sobre la forma de financiamiento es indispensable identificar los objetivos del sistema de seguridad social y las prestaciones concretas que se quieren solventar.

La finalidad de una política de financiación es establecer un marco para sufragar un régimen de seguridad social teniendo en cuenta factores relevantes como: la seguridad y la adecuación de las prestaciones; la estabilidad y la asequibilidad de las cotizaciones o del flujo de ingresos; la evolución de las características demográficas de la población que lo soporta o la que se beneficia; la situación financiera de la que se parte o se encuentra; las disposiciones legales y cualquier compromiso sustancial como la indexación de las prestaciones.

La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de su familia.

–Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

En un mundo en constante cambio, la seguridad social se enfrenta a desafíos sin precedentes que requieren una visión global y colaborativa.

La transformación demográfica, los avances tecnológicos, los riesgos asociados al cambio climático, las nuevas formas de relacionamiento laboral y la creciente incertidumbre económica son solo algunos de los factores que están reconfigurando el panorama de la seguridad social. Ante este contexto, es crucial que los sistemas se adapten y evolucionen para seguir cumpliendo su papel fundamental de proteger.

El acelerado envejecimiento de la población en América Latina y el Caribe plantea serios desafíos para la sostenibilidad en los diferentes componentes de la seguridad social.

Por ejemplo, la alta informalidad laboral en la región agrava la situación. Se estima que seis de cada 10 trabajadores en América Latina y el Caribe son informales, lo que significa que no están contribuyendo activamente a un sistema de seguridad que tiene como base la formalidad. Como resultado, una gran parte de la población no podrá acceder a una pensión en el futuro, ni tiene la protección garantizada en caso de un accidente de origen laboral o ante una enfermedad profesional, lo que genera tensiones financieras en los sistemas contributivos y ejerce una presión al Estado para garantizarle la protección a la salud, entre otras contingencias que puedan presentar.

En América Latina se ha puesto en evidencia, que el valor de la pensión actual o la que recibiremos a futuro no son suficientes para garantizar una vida digna a la población jubilada. Y en algunos sistemas no tienen garantizada la protección de salud al pasar de ser activo cotizante a una vida de jubilación y pensión.

La brecha de género, las mujeres suelen tener pensiones más bajas que los hombres ante sistemas de seguridad social donde solo toman en cuenta los años de cotización, el monto acumulado en su cuenta de capitalización individual (si se está bajo este esquema) la edad y el sexo para establecer el valor de su pensión al momento de su jubilación o al establecer una pensión para este grupo poblacional. Donde la base de cotización debería ser diferencial por sexo al tomar en cuenta su entrada tardía o su no continuidad en los períodos de cotización, el salario base diferencia y su mayor sobrevivencia.

Para enfrentar estos desafíos, es crucial explorar y diversificar las fuentes de financiamiento de la seguridad social, que tradicionalmente han dependido de las contribuciones de empleadores, empleados(as) y, en algunos casos, del Estado.

Revisar los diferentes mecanismos para financiar la seguridad social, validar las posibles combinaciones y establecer los lineamientos de financiamiento alternativo como los impuestos, aportaciones del Estado para programas específicos y no solo para financiar déficit y/o revaluar las Políticas de Inversión de los Fondos de la Seguridad Social.

Es fundamental considerar alternativas para establecer modelos que atraigan la inscripción de la población “informal” y realizar algunas propuestas que garanticen una mayor cobertura poblacional dentro de la seguridad social, aunado a visualizar otros elementos alternativos como impuestos específicos y contribuciones voluntarias para garantizar la sostenibilidad financiera de prestaciones a corto y largo plazo.

Asimismo, la modernización de los regímenes de inversión y la promoción de anualidades vitalicias por parte de proveedores privados pueden desempeñar un papel clave en la mejora de la sostenibilidad.

La gestión adecuada de las reservas es otro aspecto crucial. Los sistemas de seguridad social deben estar preparados para gestionar eventos catastróficos, como desastres naturales, crisis económicas o pandemias, que pueden afectar gravemente la estabilidad financiera de los fondos que respaldan la capacidad de respuesta de un país.

Esto implica no solo la acumulación de reservas suficientes, sino particionar el aporte específico a un fondo que se alimente de un porcentaje del exceso de reservas antes de su liberación para beneficios, de existirlos.

O especificar un porcentaje de los aportes continuos para establecer una reserva para contingencias especiales que aunado a la capacidad de respuesta de cada país se pueda garantizar la continuidad de las prestaciones de la seguridad social. Migrar las acciones que cada país realizó ante la COVID19 y establecer mecanismosde cofinanciamiento entre el Estado y la Seguridad Social.

La valuación actuarial debe ser sistemática, que considere la política de financiación a fin de asegurar que se cumple con los objetivos de financiación en relación con que se garanticen los niveles y los pagos de las prestaciones de conformidad con las reglas,la estabilidad y la sostenibilidad del sistema.

Los estudios actuariales tienen que dar cuenta de la suficiencia técnica y financiera de la fuente de financiamiento y en consecuencia la presión que puede soportar la tasa de aporte (recaudo desde el sistema de seguridad social) o del presupuesto del Estado para respaldar dicho aumento por efectos de otorgar mayores beneficios a la población y establecer escenarios que garanticen su otorgamiento en el tiempo.

El costo político de una decisión en torno a una ampliación de cobertura o un cambio en el mecanismo de financiamiento en un sistema de seguridad social se enfrenta al costo de sostenibilidad de éste.

Los Diálogos de Alto Nivel ofrecen un panorama de los mecanismos de financiamiento de la seguridad social y una discusión sobre los retos y las lecciones aprendidas, así como las buenas prácticas para encaminar a la cobertura universal con sostenibilidad.

Mtra. Leticia Martínez Martiñon.
Directora de Estudios Actuariales en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de República Dominicana