Retos y logros en la lucha por los derechos civiles y acceso a la seguridad social para la comunidad LGBT+

El reconocimiento de los derechos civiles y de acceso a la seguridad para la comunidad LGBT+ ha sido un desarrollo que ha ocurrido a escala global de manera heterogénea. Hoy en día aún existen Estados con leyes anacrónicas en donde se persigue, castiga y condena a las personas debido a su orientación sexual y/o identidad de género. No obstante, a lo largo de los años han existido cambios que demuestran un desarrollo de legislaciones que protegen el acceso a la seguridad social y el pleno ejercimiento de derechos civiles de la comunidad LGBT+. En el caso de América Latnia y el Caribe, hemos visto un cambio positivo que ha ayudado a que la comunidad sexo divergente pueda tener una verdadera inclusión social y ejercer derechos que las personas cisgénero y heterosexuales pueden gozar sin ningún tipo de discriminación. En este caso, hablaremos del crecimiento y desarrollo, así como de áreas de oportunidad sobre el reconocimiento del acceso a la seguridad social de la comunidad LGBT+ en materia de reconocimiento de uniones civiles y adopción por parte de parejas homoparentales.

La adopción homoparental ha sido un tema de debate y progreso en las últimas décadas, y sobre todo en la región de América Latina y el Caribe. Aunque algunos Estados del hemisferio americano han avanzado en la legalización de esta práctica, todavía existen desafíos significativos que enfrentan las parejas del mismo sexo que desean iniciar un proceso de adopción. Uno de los principales retos es la legislación heterogénea en la región. Aunque países como Uruguay, Argentina, Colombia, Costa Rica y Brasil han legalizado la adopción homoparental y han demostrado compromiso con la universalización de los derechos a la Seguridad Social para la comunidad LGBT+, aún existen regiones dentro de estos países donde el derecho a la adopción homoparental no está permitida. Esta falta de uniformidad crea desigualdades y obstáculos legales para las parejas del mismo sexo que desean formar una familia a través de la adopción.

Asimismo, cabe destacar que cuando el Estado incumple en su obligación de asegurar los derechos humanos, como consecuencia se limita el acceso a otros derechos, para uno o más ciudadanos. Al prohibir la adopción a parejas homoparentales, se les niega el acceso a una familia a niñas y niños que se encuentran en el sistema de adopción, lo que genera un problema sistémico que parte desde la violación de un solo derecho. A pesar de la legalidad y del desarrollo legislativo que se ha tenido en la región de América Latina y el Caribe, persisten actitudes discriminatorias que dificultan el proceso de adopción para parejas del mismo sexo. Esto puede manifestarse en prejuicios por parte de las autoridades encargadas del proceso de adopción o de la sociedad en general.

Otro desafío importante es la falta de reconocimiento pleno de las familias homoparentales. En algunos casos, las parejas homosexuales pueden adoptar bajo el estado civil de “soltero o soltera”, lo que limita sus derechos como familia y puede generar complicaciones legales en el futuro. Aún así, han habido casos de éxito en la región. Uruguay y Argentina, por ejemplo, fueron pioneros en la legalización del matrimonio igualitario y la adopción homoparental en América Latina, estableciendo un precedente para otros países de la región. Brasil, por otra parte, aunque no cuenta con una ley específica de adopción homoparental, ha permitido que parejas homosexuales adopten conjuntamente a través de decisiones judiciales.

Ahora, en materia de matrimonio igualitario, en los últimos años, se han tenido importantes avances en América Latina y el Caribe. Sin embargo, aún persisten desafíos significativos que requieren atención y acción continua por parte de los gobiernos y la sociedad en su conjunto. Algunos caso de éxito en la región, logramos apreciar a varios países que han avanzado en la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Podemos ver que Argentina, una vez más,fue pionera en 2010, seguida por Uruguay en 2013, Brasil en el mismo año, y Colombia en 2016. Estos logros marcan hitos importantes en la lucha por la igualdad de derechos y han sentado precedentes para otros países de la región.

Existen casos lentos pero progresivos donde el matrimonio igualitario va reconociéndose en el Estado de manera heterogénea, como en el caso de México, donde al ser un Estado federativo, cada Estado aprobó el matrimonio igualitario en distintos momentos. El reconocimiento civil de parejas homoparentales en México comenzó en diciembre de 2009, siendo el primer estado que aceptó esta ley. No obstante, fue hasta octubre del año 2022 que el estado de Tamaulipas aprobó el matrimonio igualitario, volviendo el reconocimiento civil entre parejas del mismo sexo un derecho reconocido en todo el País.

Aún si vemos estos avances positivos, varios países siguen enfrentando desafíos en la promoción de leyes que reconozcan el matrimonio igualitario y garanticen la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Los Estados de Belice, Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela son algunos de los países de la región que aún no han legalizado el matrimonio igualitario. Sobre todo en el Estado de Guyana y de Jamaica la homosexualidad es un crimen que se paga con prisión y/o sanciones esconómicas. En este tipo de casos,antes de poder hablar del reconocimiento de la unión civil homoparental o de derechos civiles y parentales, se debe despenalizar la homosexialidad.

Como observamos, en América Lartina y el Caribe, el reconocimiento de los derechos civiles y de acceso a la seguridad para la comunidad sexo diversa ha sido un poceso gradual y heterogéneo. Sin embargo, a pesar de los avances significativos en la legalización y reconocimiento del matrimonio igualitario y la adopción homoparental en algunos países de la región, persisten desafíos importantes que requieren atención y acción continua por parte de los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad internacional. En este sentido, la cooperación entre países y organismos internacionales puede fortalecer las iniciativas en favor de los derechos LGBTI+ y promover mejores prácticas regionales. La participación activa de la sociedad civil en la promoción y defensa de los derechos LGBTI+ también es esencial para avanzar en la igualdad de derechos en la región.

La falta de uniformidad lesgilastiva, la discriminación persistente y sistémica y la falta de reconocimiento pleno de las parejas homoparentales, son algunos de los obstáculos que aún deben superarse. Es necesario promover la educación y la sensibilización sobre la diversidad familiar, reformar las leyes para garantizar la igualdad de derechos para todas las familias y brindar apoyo psicosocial a las familias homoparentales, así como a los niños adoptados. Ha sido un crecimiento heterogéneo, pero indudablemente ha sido un crecimiento, bajo el contexto particular de cada Estado.Es importante tener todo el tiempo en mente que, aún si el cambio ha sido lento, el cambio continúa, ya que la inclusión no es la meta, sino el camino hacia una América Latina y el Caribe donde cada individuo pueda gozar de sus derechos sin restricciones inherentes a su orientación sexual o identidad de género.

^[1] Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán con experiencia en integración regional de América Latina y el Caribe, diplomacia pública y política exterior mexicana. Ha coordinado plataformas de diálogo e intercambio regional e interregional entre países de América Latina y el Caribe y la Unión Europea y es docente universitario de política exterior y comercio internacional. Actualmente, se encarga de la atracción de membresías y la vinculación con otros organismos internacionales y representaciones diplomáticas en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

^[2] Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, Campus Estado de México con experiencia en la gestión de proyectos con impacto social. Egresado con  Diploma de Excelencia a la Formación Integral y galardonado con el Premio de Liderazgo en Grupos Estudiantiles. Ha coordinado proyectos dirigidos a la comunidad LGBT, primera infancia, personas con discapacidad y personas de la tercera edad, ha realizado proyectos de investigación y difusión de temas relacionados a la comunidad LGBT. Actualmente, trabaja como becario en la subdirección del exterior y alianzas estratégicas de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.