Abrir todas las puertas: Inclusión en la seguridad social como derecho llave para la garantía de otros derechos de las personas LGBTIQ+ en México

La seguridad social surge de la idea de que toda persona trabajadora debe tener, como derecho derivado de su actividad laboral, acceso a la salud y otros derechos y cuidados que incluyen la recreación, la educación y el bienestar social. En México y buena parte de América Latina, la formación y construcción de los sistemas de seguridad social fue uno de los pilares fundamentales de la construcción de estados de bienestar, una aspiración que marcó buena parte del desarrollo social, político e institucional en nuestra región. En México, la seguridad social es resultado de la lucha revolucionaria, pero también una conquista de las personas trabajadoras, ampliando la salud y otros derechos clave a aquellos sectores y gremios históricamente excluidos del desarrollo.

De esta manera, a lo largo de más de un siglo, la seguridad social se ha convertido en un derecho llave, concepto originalmente acuñado por los activismos trans en América Latina. Los derechos llave son aquellos derechos que abren la puerta la garantía de otros derechos. Bajo esta perspectiva, toda la gama de derechos humanos se encuentran estrechamente interrelacionados entre sí. No sólo eso, dejan de ser un marco de actuación y se convierten en lineamientos aplicables al diseño e implementación de política pública, toda vez que la garantía de un derecho se traduce en el acceso a otros derechos. Así pues, la seguridad social se convierte en un derecho garante de otros derechos, una idea que encuadra con los conceptos de justicia social que le dieron origen en el siglo XX.

Así pues, la seguridad social también se vuelve un mecanismo útil para cerrar las brechas de desigualdad que enfrentan distintas poblaciones en el acceso a una vida digna. Esto fue una realidad durante el siglo pasado en México, en el que la seguridad social cerró las brechas en el acceso a vivienda, salud y escuelas a personas de distintos gremios y actividades productivas. Hoy, no obstante, la seguridad social sigue teniendo este sentido ecualizador para otros sectores de la población. Uno de ellos es el de las personas LGBTIQ+.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2021, en México habitan, al menos, 5 millones de personas LGBTIQ+, lo que representa a 5.1% de la población nacional. De estas, 28.1% ha sufrido algún tipo de rechazo laboral ^[1], es decir, 10% más que las personas con una OSIG ^[2] normativa. Esta realidad se profundiza cuando se trata de las personas trans.

De hecho, en su Informe Mensual sobre el Comportamiento de la Economía de junio de 2023, de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), dicha instancia identificó que aunque todas las poblaciones de la diversidad sexual y de género sufren un nível diferenciado de rechazo en la contratación a empleos formales, la cifra más alta la presentan las mujeres trans^[3] con más de 18%.^[4]

Así, en un país en el que hasta 49.9% de los empleos se encuentran en el sector denominado como informal, las personas LGBTIQ+ se encuentran condicionadas de forma diferenciada a desempeñar actividades económicas no asalariadas. Esto se traduce en un menor acceso a la seguridad social, que a su vez conlleva brechas en la atención a la salud de personas cuyas problemáticas específicas quedan sin atender. Por ejemplo, de las personas con VIH que reciben un tratamiento antirretroviral en México, más de 50% lo hacen en centros de servicios especializados que corresponden a la Secretaría de Salud,5 ante la falta de cobertura de seguridad social por parte de las instituciones correspondientes. Por otro lado, el déficit de empleabilidad formal que enfrentan las personas trans, sumado a las dimensiones de discriminación, se refleja en su exclusión de la seguridad social y los sistemas de salud. Esto es especialmente grave si consideramos que las personas trans enfrentan problemas específicos de salud como la falta de tratamientos hormonales, el uso de sustancias modelantes para suplir la falta de tratamientos de reafirmación de género, el déficit de servicios de atención sensibilizados, así como una mayor vulneración sistemática a su salud mental. Finalmente, hasta hace poco existían brechas legales en el acceso a la seguridad en condiciones de igualdad para toda la diversidad de familias. Fue hasta 2022 que el Congreso de la Unión aprobó una iniciativa de reforma a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para garantizar la cobertura de seguridad social en condiciones de igualdad para matrimonios y concubinatos conformados por parejas del mismo sexo y para familias homoparentales y lesbomaternales.

Con el esbozo de estos temas, es mi intención enumerar muchas de las problemáticas que enfrentan las personas LGBTIQ+ en el acceso a la seguridad social y sus consecuencias. Pero también es mi interés generar una reflexión del papel que la seguridad social juega en la garantía de todos los derechos humanos. Finalmente, estoy convencido de que cerrar las brechas de desigualdad que enfrentan las personas LGBTIQ+, también ayuda a cerrar dichas brechas para otras poblaciones. La tarea que tenemos enfrente no es menor. Pero sólo abriendo todas las puertas, garantizaremos que el gran motor que dió origen a la seguridad social, que es el bienestar y la justicia social, se materialicen.