La igualdad sigue en lista de espera: Desafíos en el acceso a la salud integral en la comunidad LGBTIQ+ en Perú

En el año 2011, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos realizó el estudio La igualdad en Lista de Espera^[2]. Para ese entonces, aún no existían políticas de atención integral para la población LGBTIQ+ que contemplaran la diversidad y complejidad de los problemas de salud que representan, ni habían instrumentos que pudieran garantizar un servicio de calidad con personal suficientemente especializado,sensibilizado y libre de estigmatización. En general, el acceso a los servicios de salud para la comunidad LGBTIQ+ era precario, y quienes sí lograban recibir atención se encontraban con otros obstáculos que,  por lo general, tenían que ver con el trato indigno. Han transcurrido trece años y hemos visto que la situación no ha cambiado mucho,  que el acceso a la salud integral para la comunidad LGBTI sigue sin recibir la atención que amerita.

En el año 2016, el Ministerio de Salud aprobó una Norma Técnica de salud de atención integral de la población trans femenina, instrumento referente para impulsar acciones directas con proveedores de salud en relación a mujeres trans; o también para consolidar servicios diferenciados existentes, o crear nuevos, como los CERITS^[3], entre otros servicios de ONG, que inicialmente se centraron en la prevención y atención al VIH/SIDA, y hoy han extendido su alcance. A pesar de este instrumento, la implementación resulta compleja, ya sea por la falta de voluntad política o debido al prejuicio existente en el sector salud y en las autoridades estatales.

En ese sentido, la falta de una ley de identidad de género dificulta que las personas trans tengan un documento de identidad que les permita acceder al Seguro Integral de Salud (SIS). En una encuesta realizadapor Promsex^[4] a mujeres trans se encontró que 51% contaba con seguro del SIS y sólo 8% tenía seguro de EsSalud, mientras que el porcentaje de mujeres trans sin ningún tipo de cobertura ascendió a 36%.

A finales de año del año 2023, en Promsex se llevaron a cabo dos investigaciones que permitieron ver la realidad actual desde el punto de vista de la comunidad LGBTIQ+ usuaria de servicios de salud, pero también, la de Proveedores de salud en 4 centros de salud ubicados en Loreto y en Lima Sur^[5]. En su gran mayoría, los desafíos siguen girando en torno al trato digno. Por ejemplo, se evidencian fallas en la infraestructura de los establecimientos de salud, sean especializados o no. En la mayoría de éstos, los espacios están descuidados o sucios y los baños no cuentan con los productos básicos, entre otras carencias. Si bien éste pudiera interpretarse como un temasecundario, no es así. El aspecto de los servicios y la comodidad que éstos brindan es un elemento clave para que los establecimientos sean elegidos por los usuarios  y así garanticen su uso.

Por otro lado, sobre los documentos de registro de información, se encontraron fallas en el registro de la identidad de género y orientación sexual, tanto en los servicios especializados para la población LGBTI como en el resto. En este sentido, las mujeres trans son las más afectadas, no sólo por sufrir maltratos al no respetarse su identidad de género ni uso de nombre social, sino porque son invisibilizadas desde el momento en que el sistemas de registro no las contempla como tal. Esta situación contribuye a la invisibilización de la asistencia de las personas LGBTI. Dicha práctica conlleva a que las necesidades médicas de este grupo poblacional no sean relevantes para así poder contribuir a mejorar la oferta de servicios.

Las barreras para el acceso a los servicios que enfrenta la población LGBTI se dividen en cuatro categorías: accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad. Al margen de los motivos, la focalización de las atenciones de ITS y VIH en la población LGBTI, limita la visibilización de otras necesidades de atenciones médicas. Esto limita las posibilidades de prevención y tratamiento de diversas enfermedades en la población LGBTI y, por consecuencia, sus posibilidades de lograr estándares de vida que garanticen el bienestar en todas sus dimensiones.  De hecho, entre las personas prestadoras de salud, se reconoce la necesidad de la población LGBTI de obtener servicios como los de salud mental, cardiología y dermatología. Aunque la lista es limitada. El acceso al tratamiento para la afirmación de su identidad de género es un elemento constitutivo en la salud mental de las personas trans, lo que se ve limitado por la falta de implementación del protocolo de atención en salud para este sector poblacional.

Desde las comunidades LGBTI, las barreras para el acceso a servicios asociadas a la aceptabilidad, se refieren, nuevamente, al buen trato y al respeto a las personas de identidad de género diversas. Las mujeres trans son objeto de maltratos más frecuentemente. Entre las barreras asociadas a la accesibilidad, destacan los largos y complicados procesos a seguir, particularmente en lo que se refiere a la obtención de citas, así como la falta de un seguro que les permita acceder a los servicios del Estado. Entre las barreras que se asocian al contacto con el servicio, las personas perciben favorablemente el hecho de poder contar con personas que resulten familiares y/o sean parte de la población LGBTI. Sin embargo, esto puede resultar contraproducente al poner en riesgo la privacidad de las personas y sus diagnósticos, particularmente en casos de VIH.

Por su parte, no se puede eludir el limitado conocimiento de las personas proveedoras de salud sobre las diversidades sexuales, el uso del lenguaje inclusivo o los conceptos básicos. Este escaso conocimiento constituye un problema general que muestra la indiferencia por parte del Ministerio de Salud, como ente rector de la salud, en cuanto a la incorporación del  enfoque transversal de género como parte de las capacitaciones que brinda a proveedores de salud.

De este funcionamiento se desprenden varios problemas psicosociales que constituyen sistemas discriminatorios que, a su vez, restringen el acceso a recursos e impactan negativamente en la salud mental de las personas afectadas y ensu entorno; de ahí que la recomendación es reforzar el componente de salud mental en la formación a proveedores.

El Estado debe hacer más esfuerzos para que sus servicios de salud tengan claridad sobre la no patologización de la orientación sexual y la identidad de género de personas LGBTI, por el impacto negativo que conlleva para su salud mental. La afirmación de la identidad de las personas transgénero y no binarias es un proceso complejo que hace que nieguen o no revelen su identidad, o bien, que la repriman, al considerarla como un aspecto negativo de su personalidad (baja autoestima, vergüenza, depresión, aislamiento e ideas suicidas). Por todo lo anterior es que tienen una alta probabilidad de padecer ansiedad y estrés —mayores incluso a los estresores generales que afectan a las demás personas— y, como consecuencia, de padecer de unaafectación a su salud mental.

En ese sentido, los servicios de salud deben incluir como prioridad la disponibilidad de información y espacios de consejería en salud para la población LGBTI. Tenemos la esperanza de que, en Perú, no tengamos que esperar otros 13 años para ver resultados concretos y así las personas LGBTI puedan acceder a la salud integral, en vez de seguir colocándolas en la listas de espera.