El choque de visiones signa hoy las consultas ciudadanas que realiza la Asamblea Nacional (parlamento) de Panamá sobre un proyecto de ley con reformas a la estatal Caja de Seguro Social (CSS).
En casi dos semanas de sesiones extraordinarias en la comisión de Salud y Trabajo han participado 222 personas de más de 600 inscritas, con enfoques diversos sobre la principal entidad pública que atiende a jubilados y pensionados.
Sobre el tema, la economista y excandidata presidencial independiente Maribel Gordón, acusó al Gobierno del presidente José Rául Mulino de intimidar a las personas y organizaciones con posturas críticas.
“Hoy amenazan a los jubilados y a los pensionados que de no aprobarse este proyecto de ley en 2025 tendrán que reducir las pensiones iniciando por un 15 por ciento”, indicó.
Además cuestionó los artículos relacionados el proyecto 163 que abren la posibilidad de que personas jurídicas externas a la CSS cuenten con licencia de administrar el fondo general de reserva de la entidad.
También el economista William Hughes, del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, calificó de falso que se requiera subir la edad de jubilación para salvar el sistema de pensiones y manifestó que en la propuesta presentada por los trabajadores demuestran que el sistema solidario funciona y el esquema de cuentas individuales busca la privatización.
Mientras para el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Arias, es posible que Panamá pierda el grado de inversión que otorgan empresas calificadoras de riesgo internacionales si este proyecto no se aprueba.
Jorge Nicolau, consultor y miembro de Cciap, comentó al respecto que Panamá tiene el “peor rendimiento” de las inversiones de seguridad social en América Latina, pero señaló que hay que ser cuidadosos con delegar la administración del fondo general de reserva de la CSS a un solo administrador.
La víspera, en declaraciones al canal de noticias TVN, el propio jefe de Estado negó que se privatizaría la CSS y admitió la posibilidad de cambios a la propuesta, pero insistió en la necesidad de que la iniciativa se apruebe durante las sesiones extraordinarias que concluyen el 31 de diciembre.
Mulino subrayó que la propuesta no pertenece a él ni a su gobierno, sino que busca salvaguardar la más importante institución de salud y pensiones del pais.
Reconoció que el proyecto enfrenta críticas en varios puntos, como el aumento en la edad de jubilación y la cuota obrero-patronal, pero insistió en que “todo es posible” y que los temas se pueden discutir en la mesa técnica, que se ha propuesto paralelo a la consulta.
Además, destacó la importancia de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, proponiendo que se establezca la obligación legal para informar sobre las decisiones administrativas y financieras.
En otra parte de su comparecencia recordó la necesidad de elevar la CSS a un título constitucional.
Por su parte, las organizaciones que integran la alianza Pueblo Unido por la Vida anunciaron acciones en rechazo al proyecto de ley sobre la seguridad social, entre ellas la movilización el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, para defender al carácter público de la CSS y una mayor calidad en las prestaciones médicas.
Choque de visiones en consultas sobre seguridad social en Panamá
