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Con la creación de la OIT y, posteriormente, de la ONU, “la seguridad social se convirtió en un derecho humano fundamental y se codificó como tal en tratados internacionales”, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU firmado en 1966, según destaca el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM). Sin embargo, el CETIM señala que “el 80% de la población mundial está excluida, total o parcialmente, del sistema de la seguridad social. Peor aún, las políticas neoliberales implementadas globalmente durante las últimas tres décadas han desmantelado o debilitado la seguridad social en los países donde esta se había institucionalizado y universalizado con éxito tras la Segunda Guerra Mundial”.
¿Cuál es la situación actual y cuáles son las tendencias de futuro?
Encontramos algunas respuestas en un nuevo informe de la OIT subtitulado Protección social universal para la acción climática y una transición justa, que asocia dos temas cruciales: el cambio climático y la protección social. Los autores señalan que, aunque más de la mitad de la población mundial cuenta actualmente con algún tipo de protección social, aún hay 3.800 millones de personas, sobre todo en el sur global, que carecen por completo de ella.
Además, es un imperativo, ya que forma parte de los derechos humanos proclamados por la ONU. El derecho a la salud y a la protección social es un derecho económico y social.
Los daños medioambientales son aceleradores de las desigualdades sociales
El informe advierte que el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad comprometen gravemente el futuro de las poblaciones más vulnerables del mundo y reclama una respuesta urgente que permita “evolucionar rápidamente hacia una transición justa” y, más concretamente, que posibilite la implantación de una “protección social universal”, dado que los países pobres –y sus habitantes– están peor equipados que los ricos para hacer frente a fenómenos climáticos extremos y epidemias.
Sin embargo, en las regiones prósperas, como Europa, las desigualdades sociales y medioambientales también se retroalimentan, de modo que son las personas más pobres las que más sufren las catástrofes ecológicas o la precariedad energética. Además, están más expuestas a contaminantes y problemas de salud ambiental. Mathilde Viennot, experta en desigualdad y protección social, recuerda que fenómenos climáticos como inundaciones, huracanes, olas de calor y sequías “han causado 142.000 muertes adicionales y han costado al continente europeo 510.000 millones de euros en los últimos cuarenta años, según la Agencia Europea de Medio Ambiente”.
En el marco del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el informe de la OIT destaca los avances en la ampliación de la protección social en todo el mundo. Basándose en estas observaciones, insta a los líderes políticos y a los interlocutores sociales a que intensifiquen sus esfuerzos, y subraya que una protección social adecuada ayuda a las poblaciones a ser más resilientes frente al cambio climático.
El informe señala que, hoy en día, por primera vez, más de la mitad de la población mundial (52,4 %) está cubierta por al menos una prestación de protección social, en comparación con el 42,8 % en 2015.
Lamentablemente, a este ritmo, se necesitarán 49 años más –hasta 2073– para que cada persona esté cubierta por al menos una prestación de protección social.
El informe alerta de un “panorama desalentador”: los países más vulnerables a los riesgos climáticos están muy mal preparados; en los veinte países más expuestos a la crisis climática apenas el 8,7% de la población tiene algún tipo de protección social, de modo que 364 millones de personas están totalmente desprotegidas.
Alrededor del 75% de la población de los 50 países más vulnerables al cambio climático carece de cobertura social. Esto significa que “2.100 millones de personas deben hacer frente actualmente a los estragos del cambio climático sin ninguna protección y dependen únicamente de sus conocimientos y de sus seres queridos para resistir”.
El informe señala que hoy en día, de los 164 países estudiados, el 83,6% de la población tiene derecho a acceder a servicios de salud gratuitos o casi gratuitos. Sin embargo, esta proporción es inferior a dos tercios en los países de bajos ingresos.
Los gastos médicos que deben asumir los pacientes siguen siendo un verdadero problema de justicia social. Según el estudio, en 2019 estos costes empujaron a la pobreza a 1.300 millones de personas. La cobertura sanitaria universal (CSU) sería una de las soluciones propuestas para atajar este problema. La CSU está alineada con el objetivo del Piso de Protección Social (PPS), que la OIT y la OMS impulsan desde 2010, y que consiste en “crear una base sólida para el crecimiento económico, proporcionar un seguro social contra la pobreza persistente y mitigar las consecuencias de los choques y las crisis económicas”.
Los países del sur global, a la vanguardia de la cobertura universal
En las Naciones Unidas hay fuerzas que empujan hacia un enfoque progresista a favor de la cobertura universal, una idea que ha ido ganando terreno en los últimos quince años, sobre todo bajo la presión de los países del sur global. En diciembre de 2012, la resolución “Salud mundial y política exterior”, adoptada por una amplia mayoría en la Asamblea General de la ONU, reconoció la importancia de la cobertura universal.
Este documento define la cobertura sanitaria universal como el acceso de todos a una serie de servicios y a medicamentos esenciales de calidad y asequibles. Se trata de una etapa importante, en la que la OMS ha desempeñado un papel activo, ya que en 2008 esta organización consideró que cobrar directamente a los pacientes por la atención prestada es el “método menos equitativo de financiación de los servicios de salud”. La OMS, que apoya la implementación de la cobertura universal, ha instado a los países ricos a realizar un gran esfuerzo redistributivo hacia los países pobres.
En su discurso ante la 65.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2012, Margaret Chan (por entonces directora general de la OMS) afirmó que “la cobertura sanitaria universal es el concepto más eficaz que puede ofrecer la sanidad pública”.
Varios gobiernos ya han empezado a avanzar en esta dirección: China, Tailandia, Sudáfrica y México figuran entre las primeras potencias emergentes que han aumentado significativamente su gasto público en sanidad. Países del sur global como Indonesia, India, Vietnam, Malí, Sierra Leona, Zambia, Ruanda, Ghana y Turquía han incluido la CSU entre sus prioridades nacionales o han introducido sistemas de acceso gratuito a la sanidad para una parte de la población, pasos iniciales hacia la creación de una cobertura universal.
Ecuador consagró el derecho a la salud y la gratuidad de los servicios públicos de salud en su nueva Constitución de 2008, como destacó la entonces ministra Carina Vance. Senegal, por su parte, adoptó la cobertura universal en 2013. En 2015, la cobertura sanitaria universal se incluyó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS 3.8).
Una implementación compleja
Algunos gobiernos consideran que la definición de cobertura universal sigue siendo imprecisa y su medición, incierta. Los medios para su implementación quedan a criterio de cada Estado (con asesoramiento y apoyo de organizaciones internacionales, ONG, fundaciones, empresas privadas, etc.), en función de las prioridades y contextos nacionales. En muchos países, sin embargo, la sanidad es también un “mercado” en el que actúan numerosos actores con visiones contrapuestas respecto al bien común y los intereses lucrativos.
Nathalie Janne d’Othée en un informe sobre la deuda social publicado en 2016 por el CADTM (Comité para la abolición de las deudas ilegítimas), recuerda que muchos países fueron obligados a “reducir el gasto público y liberalizar los servicios públicos” bajo la presión del Banco Mundial y el FMI, “mediante planes de ajuste estructural impuestos a los países en desarrollo en plena crisis de la deuda en los años ochenta y noventa”.
“Apenas una década después, los expertos ya reconocían los fallos de este modelo [...] Sin embargo, a pesar de este evidente fracaso del libre mercado y la austeridad, ahora se aplica la misma receta para sacar a Europa de la crisis económica. Los planes de austeridad impuestos a Grecia, por ejemplo, han tenido un impacto directo en el acceso a la sanidad y, por ende, en el estado de salud de la población griega”, escribe la investigadora.
Todo ello ha dado lugar a la creación de una estructura respaldada por la ONU llamada CSU2030, que “proporciona una plataforma donde el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, la comunidad académica y las organizaciones gubernamentales pueden colaborar para acelerar el avance equitativo y sostenible hacia la CSU y reforzar los sistemas de salud a escala mundial y nacional”. También se ha establecido el 12 de diciembre como día mundial de concienciación.
En conclusión, corresponde a las fuerzas progresistas moldear los conceptos de derecho a la protección social y a la cobertura sanitaria universal en aras de la justicia social. El informe de la OIT sobre protección social 2024-2026, que tiene en cuenta la urgencia del cambio climático, contribuye a esta misión.
https://www.equaltimes.org/cobertura-social-para-todos-el?lang=es
