El costo de igualar jubilaciones al mínimo en Uruguay genera debate político

En Uruguay, la discusión sobre la seguridad social ha alcanzado un punto álgido con la propuesta de plebiscito que busca, entre otras medidas, igualar las jubilaciones y pensiones más bajas al salario mínimo nacional. Esta iniciativa, impulsada por el PIT-CNT junto con organizaciones sociales y sectores del Frente Amplio, ha generado un intenso debate político y económico, particularmente por el impacto financiero que podría tener en las arcas del Estado.

Convocados por la presidenta del Partido Nacional, Macarena Rubio, representantes de los partidos de la coalición de gobierno se reunieron este lunes para delinear una estrategia conjunta en oposición a la propuesta. La intención es crear un comando específico que se dedique a realizar una campaña informativa, alertando a la ciudadanía sobre los posibles efectos negativos que podría traer la aprobación de esta medida.

Uno de los principales argumentos del oficialismo en contra de la propuesta es el elevado costo que implicaría su implementación. Según un análisis realizado a partir de cálculos del Banco de Previsión Social (BPS), igualar las jubilaciones y pensiones al salario mínimo tendría un costo anual de US$ 1.037 millones, lo que equivale al 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay. Esta cifra es alarmante, considerando que es el doble del presupuesto anual del Ministerio del Interior.

El documento que circuló en el comando del candidato nacionalista Álvaro Delgado desglosa este costo en US$ 300 millones por jubilaciones, US$ 583 millones por pensiones por fallecimiento, US$ 116 millones por pensiones por invalidez y US$ 38,5 millones por pensiones vitalicias. En total, la cantidad de pasividades que deberían ajustarse bajo esta medida sería de 497.395, lo que incluye aproximadamente 248 mil jubilaciones, 169 mil pensiones por fallecimientos, 61 mil pensiones por invalidez y 18 mil pensiones a la vejez.

Discrepancias en las cifras

La diferencia en las estimaciones del costo de esta propuesta ha sido motivo de controversia entre el oficialismo y los promotores del plebiscito. Mientras que el BPS calcula que el costo alcanzaría los US$ 1.037 millones, el PIT-CNT sostiene que la cifra sería significativamente menor, alrededor de US$ 460 millones anuales, lo que representa el 0,6% del PBI.

Rodolfo Saldain, uno de los redactores de la reforma jubilatoria, explicó que la disparidad en las cifras se debe a diferentes interpretaciones del texto del plebiscito. Según el oficialismo, el texto abarca todas las pasividades, mientras que el PIT-CNT entiende que solo se aplicaría a los pasivos. El texto en cuestión establece que «ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del Salario Mínimo Nacional», lo que para el gobierno implica que cada jubilación o pensión individualmente debe ajustarse, no el total por persona.

Esta interpretación más amplia, según el oficialismo, justifica el cálculo de US$ 1.037 millones. Por otro lado, el PIT-CNT argumenta que el «aumento de las prestaciones mínimas es por persona» y no por pasividad, lo que reduciría significativamente el costo estimado. La diferencia entre ambos criterios asciende a US$ 578 millones, afectando a 188.290 pasividades.

El documento oficialista también advierte que el monto a pagar podría aumentar si se consideran las personas que reciben jubilaciones o pensiones tanto del BPS como de otras cajas. Según un estudio previo realizado en 2018, se identificó que el 65% de los pasivos de la Caja Notarial recibían pasividades de más de un organismo. Esta situación se repite en un 48% de los pasivos de la Caja Bancaria, el 83% de la Caja de Profesionales, el 34% de la Caja Militar y el 36% de la Caja Policial.

No obstante, el informe reconoce que no es posible determinar cuántas de estas personas estarían por debajo del salario mínimo debido a la falta de información desagregada. Esta incertidumbre añade una capa adicional de complejidad al debate, ya que cualquier error en las estimaciones podría tener consecuencias significativas para la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social.

El plebiscito, que ha cobrado relevancia con el apoyo de más del 40% de la población según encuestas recientes, ha puesto en alerta al gobierno. Las cifras reveladas por Cifra, Opción y Equipos muestran un escenario de «tercios casi perfectos», con 36% a favor, 33% en contra y 31% de la población indecisa. Este panorama ha llevado a la coalición gobernante a intensificar sus esfuerzos para informar a la ciudadanía sobre los riesgos económicos y sociales que podría acarrear la aprobación de esta iniciativa.

El Partido Nacional, junto con los demás integrantes de la coalición de gobierno, busca evitar que el plebiscito avance, argumentando que sus propuestas son financieramente inviables y que podrían poner en riesgo la estabilidad del sistema de seguridad social. La creación de un comando de campaña específico es una de las medidas que se están tomando para contrarrestar la creciente popularidad de la iniciativa.

El debate en torno al plebiscito de la seguridad social en Uruguay ha puesto de manifiesto las profundas diferencias en la interpretación y estimación de los costos asociados a la propuesta de igualar las jubilaciones y pensiones al salario mínimo. Con un costo estimado por el oficialismo que podría superar los US$ 1.000 millones anuales, las implicaciones económicas de esta medida son enormes y han generado un intenso debate en el ámbito político. A medida que se acerca la fecha del plebiscito, la discusión continuará, con cada bando intentando convencer a la población de los beneficios o riesgos de esta iniciativa.

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