El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha revelado una alarmante cifra tras auditar el sistema de pensiones por invalidez: el 70 % de las prestaciones otorgadas no cumplían con los requisitos legales o estaban directamente relacionadas con actividades fraudulentas. Según los datos oficiales, de un total de 1.796 beneficiarios analizados, se detectaron numerosas irregularidades que ya están siendo procesadas para la inmediata baja de las pensiones afectadas.
Entre los ejemplos mencionados por el gobierno, destacan casos sorprendentes de beneficiarios que mintieron sobre su estado de salud, como por ejemplo una mujer que cobraba la pensión por haber perdido supuestamente el brazo derecho se presentó a la auditoría con ambos brazos en perfecto estado, u otra beneficiaria afirmaba sufrir hipertensión, cuando en realidad su diagnóstico era diabetes, una condición que no califica para esta ayuda.
Los ejemplos siguen, como el caso de una mujer que obtuvo la pensión justificando un inexistente cáncer de mama. Durante la revisión admitió no haber padecido nunca la enfermedad e incluso reveló que jamás se había realizado una mamografía. Una empleada reconoció ante las autoridades que no sufría ninguna enfermedad y que su pensión había sido gestionada por su empleadora para evadir el pago de su salario.
El caso de Nandis, una localidad investigada en profundidad, pone en evidencia la magnitud del problema. Allí se detectó una red de corrupción sistemática que habría desviado alrededor de 1.000 millones de pesos solo durante 2023. El esquema involucraba a funcionarios, gestores y beneficiarios que abusaron del sistema en detrimento del contribuyente.
El gobierno de Milei ha subrayado que estos casos de fraude no solo afectan a las arcas públicas, sino que representan una falta de respeto hacia quienes realmente necesitan estas ayudas y hacia los ciudadanos que aportan con sus impuestos. «Es más robo y corrupción que sale a la luz, y siempre se da con un contribuyente del otro lado que pone su esfuerzo para sostener a estos inescrupulosos», señaló una fuente oficial.
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El Ministerio de Desarrollo Social ha iniciado un proceso de revisión integral de todas las pensiones por invalidez para garantizar que solo quienes realmente cumplen con los requisitos puedan recibir esta asistencia. Además, se anticipan denuncias penales contra los responsables de estas maniobras fraudulentas, incluyendo a los funcionarios que otorgaron las pensiones de manera irregular.
La administración Milei se ha comprometido a transparentar y reformar el sistema de ayudas sociales para evitar que se repitan estos abusos. Con este objetivo, se busca implementar controles más estrictos y una auditoría permanente sobre los beneficios otorgados. Para el gobierno, este es solo uno de los múltiples frentes en los que se están combatiendo las prácticas corruptas que, según afirman, «desangraron al Estado argentino durante años».
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