I. Problema social
La informalidad laboral representa uno de los principales desafíos en materia de bienestar social y laboral. Las personas que participan del mercado laboral informal suelen percibir menores ingresos, realizar en mayor medida trabajos precarizados y se encuentran fuera del alcance de la seguridad social. A pesar de las conocidas y estudiadas consecuencias negativas y precarizantes de la informalidad laboral, se estima que actualmente en Chile más de 2,6 millones de personas se encuentran en esta situación. El siguiente informe busca profundizar en la informalidad laboral como problema social, caracterizar este universo de trabajadores y comprender las causas que le subyacen para, en forma posterior, proponer lineamientos de política pública que promuevan la transición a la formalidad.
II. Conceptualización y evolución de la informalidad laboral en Chile
1. ¿Qué es la informalidad laboral?
La informalidad laboral como concepto ha sido siempre dinámica. Aun así, los esfuerzos por simplificar este fenómeno han permitido delimitar los criterios y condiciones para distinguir el empleo formal del informal. En Chile, la informalidad laboral puede expresarse en dos dimensiones: por un lado, según el tipo de unidad de producción (empresas informales u hogares) o, por otro, según el tipo de trabajo del empleado (cuenta propia, asalariados o trabajadores de servicio doméstico).
Para estos efectos, se entiende por trabajo informal todos aquellos asalariados o trabajadores del servicio doméstico que no cuenten con cotizaciones de salud (Isapre o FONASA) o previsión social (AFP) (INE, 2021 y OIT, 2013). Asimismo, se puede utilizar como sinónimo la categoría de ocupados informales que, según el INE y OIT, son todos los familiares no remunerados del hogar, además de los trabajadores por cuenta propia de una unidad económica que pertenezca al sector informal.
2. Evolución de la informalidad laboral en Chile
En Chile desde 2017 la informalidad se ha mantenido relativamente constante, oscilando en torno al 30% de la población ocupada a nivel nacional. Si bien durante la pandemia —dadas las restricciones de movilidad por razones sanitarias— la informalidad cayó a un mínimo histórico de 22,3%, con la reactivación económica la proporción de empleo informal retomó sus niveles pre pandemia. A la fecha, la tasa de informalidad se ubica en un 28,1% de la población ocupada, lo que en términos absolutos, equivale a 2.614.641 trabajadores informales.
3. Consecuencias negativas de la informalidad laboral
Las consecuencias negativas de la informalidad laboral son múltiples y se encuentran bien abordadas en la literatura. Entre otras cosas, las personas que participan del mercado laboral informal suelen percibir menores ingresos, realizan en mayor medida trabajos precarizados, y se encuentran fuera del alcance de la seguridad social (OIT, 2013). En Chile, estudios muestran que la informalidad se traduce en una mayor inestabilidad económica para los trabajadores. Se trata de un estado laboral dinámico, en el que las personas suelen transitar con frecuencia de la ocupación a la desocupación o inactividad laboral (CPP UC & Sence, 2023; Ministerio de Hacienda, 2022). Esto tendría consecuencias en la estabilidad de los ingresos percibidos por las familias que cuentan con integrantes informales y, por tanto, en la probabilidad de que esa familia caiga en la pobreza (CEPAL, 2022).
Respecto a lo anterior, cabe añadir que, además del impacto sobre la seguridad económica de las familias, los trabajadores informales también experimentan desprotección en materia laboral. En efecto, estos tienen menos certezas sobre la duración de su empleo, no cuentan con instancias formales de negociación colectiva ni actividad sindical, y cuentan con mayores dificultades para acceder a los beneficios y programas del Sistema de Protección Social (Ministerio de Hacienda, 2022).
Otro elemento importante de relevar, es la asociación entre informalidad laboral y una mayor desprotección ante la vejez. Los trabajadores informales no cotizan en el sistema de seguridad social, lo que termina por afectar —en sistemas con pilares contributivos— la pensión autofinanciada. En efecto, cada año en que una persona se encuentra fuera del empleo formal —es decir, sin cotizar para su vejez— su pensión autofinanciada futura se ve reducida entre un 2% y 6% si es hombre y entre un 4% y 9% si es mujer (CIEDESS, 2020). Así, la prevalencia de la informalidad durante la trayectoria laboral de las personas termina por impactar significativamente en la pensión autofinanciada y generar una mayor presión sobre el gasto público destinado a subsidiar a los tramos más desprotegidos (Perticará et al., 2019). En un contexto de envejecimiento poblacional acelerado, la informalidad emerge como un desafío para la sostenibilidad del sistema de seguridad social: a medida que aumenta el número de personas que alcanzan la edad de jubilación y se mantienen los niveles de informalidad, aumenta también la necesidad de un mayor gasto público que mantenga el sistema, poniendo en riesgo, por un lado, la sostenibilidad fiscal de las políticas sociales y, por otro, el bienestar futuro de los adultos mayores.
Así también, la informalidad se suele correlacionar negativamente con el desarrollo económico de los países: economías menos desarrolladas o emergentes cuentan con niveles de informalidad tres veces mayor a economías desarrolladas (Ministerio de Hacienda, 2022). La recaudación fiscal se ve también afectada como consecuencia de la informalidad laboral al no recaudar impuestos sobre las ganancias que generan este tipo de ocupaciones.
III. Caracterización de la población informal en Chile
La evidencia, así como la literatura —nacional e internacional— disponible señalan que hay ciertos grupos que cuentan con una mayor probabilidad de participar del mercado laboral informal. En consecuencia, para profundizar en este problema social, resulta pertinente realizar una caracterización de estos grupos para, en forma posterior, proponer lineamientos de política pública que promuevan el avance de una agenda en la materia.
a. Informalidad y nivel socioeconómico
La relación entre el nivel de informalidad laboral y el nivel socioeconómico ha sido siempre estrecha. Un menor nivel socioeconómico, derivado de ingresos laborales más bajos, conduce a condiciones socioeconómicas más precarias y vulnerables, lo que, a su vez, incrementa la probabilidad de trabajar en la informalidad (CEPAL, 2022).
Tal como se observa en el Gráfico N°1, en Chile, existe una correlación entre percibir menos ingresos y contar con una mayor tasa de informalidad. Así, los quintiles de ingresos con mayor concentración de informalidad corresponden a los quintiles I y II. Luego, a partir del quintil II, se observa una ligera variación en la pendiente, indicando una menor tasa de informalidad en los quintiles superiores de la distribución de ingresos.
b. Informalidad y sexo
Un segundo grupo comúnmente atendido en el estudio de la informalidad son las mujeres. Los datos respecto a la relación entre informalidad laboral y sexo indican que, aunque —en términos absolutos— existan más hombres que mujeres en empleos informales, la proporción de empleo informal —calculada como la proporción de personas empleadas informalmente respecto al total de personas empleadas— es más alta entre las mujeres que entre los hombres.
Al relacionar el nivel de ingresos con el sexo del trabajador, se observa que la brecha entre informalidad masculina y femenina se invierte en la medida que aumentan los ingresos (Gráfico N°2). Esto es, en sectores económicos bajos, la tasa de informalidad femenina supera a la tasa masculina, pero en quintiles más altos, los hombres son, proporcionalmente, más informales que las mujeres.
c. Informalidad laboral y grupo etario
Otro factor que incide en la susceptibilidad a trabajar en la informalidad es la edad. Por ejemplo, la evidencia da cuenta que existe una estrecha relación entre ser joven y la probabilidad de ser informal. La mayor prevalencia del empleo informal en el segmento joven encuentra sus causas en factores como la falta de experiencia, su menor calificación y la mayor flexibilidad que ofrece el empleo informal en contraste al empleo formal (CPC, 2024).
Por otro lado, aquellos trabajadores de edades más avanzadas también se muestran como un grupo particularmente propenso a trabajar de manera informal. La mayor presencia de empleo informal a edades avanzadas se debe principalmente a la dificultad de hallar estabilidad en el mercado formal, toda vez que el trabajador se encuentra desocupado (CPC, 2024).
En efecto, los datos constatan lo anteriormente mencionado y muestran una mayor prevalencia de empleo informal en el segmento de adultos mayores de 65 años, quienes representan al grupo etario con mayor tasa de informalidad (65%). Así también, se observa una mayor propensión a la informalidad en el segmento joven (entre 15 y 24 años) en comparación a aquellos segmentos medianos (entre 25 y 64 años).
d. Informalidad laboral y estructura familiar
Por otro lado, resulta interesante analizar en qué medida el tipo de estructura familiar al que pertenece —o bien lidera— el trabajador podría incidir en la probabilidad de que éste trabaje de manera informal. Si bien el estudio de la relación entre informalidad y estructura familiar es incipiente, algunos resultados arrojan que los empleos informales permiten conciliar en mayor medida el plano laboral con labores de cuidado y quehaceres del hogar, dada la mayor flexibilidad que estos ofrecen (Berniel et al., 2021). La monoparentalidad, al carecer en mayor medida de redes de apoyo para labores de cuidado, podría incidir en la decisión de trabajar en empleos más flexibles que permitan conciliar estas labores con los tiempos laborales. En efecto, al analizar los datos de la última encuesta CASEN (2022), se observa que familias monoparentales tienen una tasa de informalidad 7 puntos porcentuales mayor que las familias biparentales.
Tal como se muestra en el Gráfico N°4, la tasa de informalidad varía considerablemente según el tipo de composición familiar —sea biparental, monoparental o unipersonal—. Jefes de hogar de familias monoparentales —en su mayoría mujeres— presentan mayores niveles de informalidad, alcanzando una tasa superior al 35%. En tanto, familias biparentales arrojan menores niveles de informalidad que los hogares con otro tipo de estructura familiar.
Asimismo, la presencia de menores también guarda relación con cambios en la tasa de informalidad. En el Gráfico Nº5 se puede observar que cuando hay presencia de menores de 5 años en el hogar la tasa de informalidad aumenta en las mujeres, mientras que se reduce en los hombres, lo que amplifica la brecha entre ambos sexos. Vale notar que, las mujeres que viven en hogares donde no hay presencia de menores arrojan una tasa de informalidad de un 29,5%, mientras que las mujeres conviven con 2 menores esta proporción aumenta a un 33%.
Gráfico Nº5: Tasa de informalidad laboral, según presencia de menores de 5 años y sexo
Vale destacar que es numerosa la literatura que encuentra relaciones causales entre el nacimiento de un hijo y efectos perjudiciales para la madre en materia laboral. Particularmente, respecto a la relación entre maternidad e informalidad, luego del nacimiento del primer hijo, la probabilidad de que la madre opte por un trabajo informal por sobre uno formal aumenta considerablemente (Berniell et al., 2019). Una de las causas de esto refiere a la mayor flexibilidad que ofrece un empleo informal con respecto a uno informal, permitiendo a la madre realizar labores de cuidado. A diferencia del mercado formal, la informalidad presenta con mayor frecuencia jornadas a tiempo parcial (Barrero et al., 2018), y aunque esto permita una mayor conciliación entre el cuidado del menor y la actividad laboral, termina por perjudicar la incorporación de la mujer al mercado laboral formal (Abramo, 2021).
e. Informalidad y nivel educativo
De acuerdo a la literatura, existe una relación inversa entre escolaridad e informalidad, esto es, a mayor nivel educativo menor tasa de informalidad (Haanwinckel et al., 2017; Mansilla, 2021; Livert-Aquino et al., 2022). Para el caso chileno, la evidencia indica que la mayor proporción de personas informales son aquellas que cuentan con educación básica o media como el mayor nivel educativo alcanzado (Ministerio de Hacienda, 2022). Los trabajadores menos educados suelen enfrentar barreras significativas para ingresar al empleo formal y tienen menos capacidad de negociación, lo que perpetúa su presencia en el sector informal. Además, las desigualdades socioeconómicas y las políticas educativas y laborales inadecuadas exacerban esta situación, limitando las oportunidades para que estos trabajadores mejoren sus condiciones laborales a través de la educación y la capacitación continua (Banco Mundial, 2019).
En efecto —y como se muestra en el Gráfico Nº6—, las mayores tasas de informalidad corresponden a quienes nunca estudiaron, o bien, su máximo nivel alcanzado es la educación básica o media. Mientras que las personas que cuentan con títulos universitarios arrojan un nivel de informalidad de un 16%, quienes nunca estudiaron superan el 70%.
f. Informalidad y población extranjera
Por último, otro grupo especialmente susceptible a trabajar de manera informal es la población extranjera. Está bastante documentado en la literatura internacional que quienes se encuentran en situación de migrantes suelen optar por ocupaciones informales producto de una serie de factores exógenos. La explicación más común de este fenómeno es que la falta de documentos y la situación irregular de los migrantes los obliga a aceptar trabajos informales con peores condiciones laborales y nulos beneficios sociales, para poder subsistir en el nuevo país y evitar la identificación de las autoridades (Soffia, 2013; OIT, 2016; SENEM, 2021).
Al analizar a partir de los datos la relación entre informalidad laboral y nacionalidad (Gráfico Nº7), notamos que, tal como indica la evidencia disponible, la población extranjera que reside en Chile es más susceptible a emplearse en ocupaciones informales. En efecto, la ocupación informal de la población extranjera en Chile representó el 45,3%. Por otro lado, la tasa de informalidad de la población chilena fue del 33,2%, reflejando una diferencia de 12,1 puntos porcentuales.
IV. Propuestas de Política Pública
En consideración de los efectos que genera la informalidad laboral para la sociedad en su conjunto, resulta necesario adoptar con urgencia medidas que se enfoquen en aquellos grupos particularmente susceptibles a participar del mercado laboral informal. Por consiguiente, se proponen a continuación una serie de propuestas de política pública, con especial énfasis en aquellos grupos prioritarios, como son las mujeres, madres, jóvenes, personas migrantes y personas con menos niveles de escolaridad.
1. Mitigar la penalización de la maternidad en el mercado laboral
Uno de los desafíos centrales para reducir los niveles de informalidad dice relación con mitigar las inequidades de género que subyacen al mercado laboral. La mayor carga que tienen las mujeres en cuanto a labores de cuidado y la falta de corresponsabilidad parental se traduce, muchas veces, en una menor participación laboral formal femenina. En efecto, la evidencia da cuenta que el empleo femenino suele ligarse en mayor medida a ocupaciones informales respecto al empleo masculino.
1.1 Medidas de mayor flexibilidad en el cálculo de la jornada laboral
Como se mencionó anteriormente, el trabajo informal permite conciliar la maternidad con labores de cuidado, dada la mayor flexibilidad. Por consiguiente, la falta de corresponsabilidad parental así como la rigidez de nuestro sistema laboral terminan por generar incentivos indeseados respecto a la propensión hacia la informalidad, especialmente en las mujeres. Si bien, la nueva ley que reduce la jornada laboral a 40 horas se aventura en incorporar mayor flexibilidad al sistema laboral, aún hay margen para reducir aún más los costos de oportunidad asociados al empleo femenino, mediante medidas de flexibilidad laboral.
Propuesta:
Modificar el Código del Trabajo (artículo 22 bis) y extender el cálculo de la jornada laboral. Esto es, que la distribución de la jornada laboral pueda efectuarse sobre la base de promedios semanales en ciclos de hasta 24 semanas (actualmente, el máximo es de 4 semanas). Esto permitiría a las empresas ajustar mejor las jornadas laborales según las demandas estacionales, sin necesidad de recurrir a horas extras frecuentes. Sin embargo, este ajuste debe monitorearse cuidadosamente, para evitar abusos por parte de los empleadores.
1.2 Sala Cuna Universal
Considerando que, luego del nacimiento del primer hijo, la probabilidad de que una madre opte por un trabajo informal por sobre uno formal aumenta considerablemente, urge promover políticas que permitan conciliar la maternidad con la participación en empleos formales. Actualmente el Código del Trabajo solo asegura sala cuna a las trabajadoras de empresas con 20 o más mujeres lo cual desincentiva la contratación femenina y no promueve la corresponsabilidad.
Propuesta:
Modificar el artículo 203 del Código del Trabajo, que establece que el empleador debe proveer de servicio de sala cuna cuando la empresa tenga 20 o más trabajadoras. Esto es un desincentivo a la contratación de mujeres en pequeñas empresas.
Habilitar a la oferta privada para que provea este servicio. El actual proyecto de ley de sala cuna del Poder Ejecutivo pone trabas a la participación de salas cunas privadas obligándolas a contar con Reconocimiento Oficial independiente de si cuentan o no con la autorización de funcionamiento. Esto podría significar una dificultad para satisfacer la totalidad de la demanda de sala cuna.
1.3 Rediseñar el Postnatal Masculino
Las políticas de licencia por paternidad desafían la norma tradicional de que las mujeres son las principales cuidadoras, permitiendo a los hombres desarrollar habilidades de crianza y ser padres activos. Sin embargo, pocas mujeres traspasan parte del postnatal a sus parejas (García, 2022), lo que destaca la necesidad de rediseñar estas licencias para fomentar la participación paterna en el cuidado infantil y, en consecuencia, reducir los costos de las mujeres para insertarse en el mercado laboral formal.
Propuesta:
Establecer que el permiso postnatal sea un derecho exclusivo del padre, sin depender de la cesión del permiso por parte de la madre, así como ampliar la actual licencia de 5 días hábiles para los padres, añadiendo días adicionales donde el padre sea el único titular del permiso.
Permitir la fraccionación de la licencia de paternidad en diferentes períodos, en lugar de restringirla al primer mes después del nacimiento. Inspirarse en modelos como el sueco, que permite dividir la licencia hasta que el hijo cumpla 12 años, para incentivar su uso y adaptarse mejor a las necesidades familiares.
2. Robustecer transferencias condicionadas al empleo formal para jóvenes y mujeres
Las transferencias condicionadas al empleo formal han demostrado ser una herramienta útil para disminuir la informalidad laboral. No obstante, se han identificado áreas de mejora en su diseño, en consideración de que este tipo de transferencias han disminuido su capacidad de potenciar el empleo formal en los grupos de interés, como son los jóvenes y las mujeres (Ministerio de Hacienda, 2022).
2.1 Rediseñar el Subsidio al Empleo Joven (SEJ)
El diseño actual del subsidio no está condicionado a los cambios de salario. Bajo una lógica de focalización, a medida que los ingresos del beneficiario aumentan, el monto del subsidio disminuye. No obstante, el problema yace en que, al no encontrarse indexado el subsidio al salario mínimo, los trabajadores que ganan el mínimo se acercan al límite superior del tramo más alto, lo que reduce significativamente el monto del subsidio otorgado. Esto disminuye el incentivo para contratar jóvenes en el mercado formal.
Propuesta:
Indexar este subsidio al sueldo mínimo, además del actual ajuste por IPC: con esto se pretende modificar los tramos bajo los cuales se calcula el subsidio, utilizando como referencia el salario mínimo, a modo de aumentar el monto. De esta forma, el subsidio evoluciona en coherencia con los cambios en el salario y la realidad laboral del país.
Vincular a beneficiarios del subsidio con los programas de capacitación de SENCE. Esto, a modo de potenciar trayectorias laborales, además del beneficio inmediato del subsidio.
2.2 Ampliar cobertura y beneficios del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)
El programa Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) busca resolver la baja inserción laboral femenina para el grupo etario entre 25 y 59 años de edad con alta vulnerabilidad socioeconómica. Sin embargo, cuenta con un impacto muy acotado en la población, tanto por su baja cobertura como por el nivel de gasto por beneficiarios.
Propuesta:
Ampliar la cobertura del programa a una mayor población beneficiaria. A saber, en el año 2023, del total de la meta establecida, se llegó a cubrir el 18% de la población objetivo para ese año. Es necesario robustecer estrategias de acercamiento a empleadores que puedan ser beneficiarios del subsidio, así como modificar los incentivos de éste.
Aumentar el monto del beneficio considerando que el gasto por beneficiario no ha logrado tener un impacto significativo en la densidad de cotizaciones. Sólo el 13% de usuarios nuevos en el programa comienzan a cotizar ese mismo año, mientras que la efectividad en cuanto a la densidad de cotizaciones para los años siguientes aumenta a un 37%. Se debe evaluar en qué medida el monto —y su metodología de cálculo— generan incentivos suficientes a la inserción de la mujer en el mercado laboral formal.
Vincular a beneficiarios del subsidio con los programas de capacitación de SENCE. Esto, a modo de potenciar trayectorias laborales, además del beneficio inmediato del subsidio.
3. Revisar la oferta programática y sus incentivos a la informalidad laboral
Actualmente, muchos programas sociales tienen un diseño que termina por desincentivar la formalidad laboral. Por ejemplo, un estudio del Centro de Políticas Públicas UC realizado en 2012, analizó 80 programas sociales y concluyó que 25 de ellos generaban incentivos negativos a la formalidad debido a la forma en que se diseñaba la focalización de recursos.
Propuesta:
Solicitar a la Dirección de Presupuestos y a la Subsecretaría de Evaluación Social que, en la revisión y monitoreo anual de la oferta programática, se consideren como criterio de evaluación las áreas de mejora en materia de incentivos a la cotización previsional.
Evaluar un rediseño de aquellos subsidios que actualmente carecen de una focalización gradual y que no estén alineados a la formalización laboral. Para esto es necesario introducir una progresividad más gradual en los criterios para acceder a beneficios sociales, evitando cortes abruptos en el diseño. De esta manera, se pueden prevenir desincentivos para la formalización, que surgen del miedo a perder beneficios estatales.
4. Promover la formalización de trabajadores por cuenta propia y pequeños emprendimientos
Como se mencionó anteriormente, existe una estrecha relación entre el trabajo por cuenta propia y la informalidad laboral. De hecho, el 61% de los trabajadores por cuenta propia son informales (INE, 2024). En consideración de que, conforme a la evidencia, existe una mayor participación de adultos mayores y personas de menores ingresos en el universo de personas que trabajan como independientes, vale la pena explorar medidas que promuevan la formalización de estos grupos.
Propuesta:
En línea con lo que ha propuesto la Mesa de Formalidad Laboral convocada por la CPC, ASECH y AAFP, se debe avanzar en asegurar que los trabajadores independientes y microemprendedores coticen en la seguridad social. Para esto, se propone una estrategia de acción local, con los municipios como protagonistas, basada en condicionar la obtención y renovación de permisos operativos esenciales, como permisos municipales y patentes, a un mínimo de cotizaciones. Esto impactaría en la formalización tanto de trabajadores independientes y dueños de microempresas, como de sus empleados.
5. Propuestas para inserción laboral formal de migrantes
Adoptando el enfoque de capital humano de Amartya Sen (1996), se debe concebir la inserción laboral formal de la población migrante en un país como la transferencia de capital humano, y las transacciones de aprendizaje y conocimientos que permitan el desarrollo de capacidades y aumento de productividad de un país. En ese sentido, la promoción de la formalización de ese capital humano puede significar una serie de externalidades positivas para nuestro país.
Propuesta:
Conectar las redes restringidas de empleadores de aquellos sectores con mayor participación de población migrante —comercio, servicios, manufactura— y brindar orientación sobre el desarrollo profesional y la capacitación para personas migrantes con interés en formalizarse. Para introducirse al mercado laboral, es necesario contar con diversas competencias que van desde entender la economía local, el dominio del idioma, reconocimientos de las calificaciones, hasta la capacidad de asesorar a la población migrante para insertarse formalmente.
Potenciar a nivel municipal —con las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) como entes articuladores— el diseño y ejecución de programas de emprendimiento, capacitación e intermediación laboral focalizados en poblaciones migrantes para aquellos sectores de la economía como el comercio, servicios, manufactura, etc.
VIII. Comentarios finales
El problema de la informalidad representa uno de los grandes desafíos que tenemos como país. Las numerosas consecuencias negativas, así como la mayor susceptibilidad de ciertos grupos a trabajar informalmente, requieren una agenda robusta que se haga cargo de ésta problemática con la urgencia que merece.
En línea con lo anterior, proponemos una serie de políticas públicas que ponen énfasis en aquellos grupos más rezagados laboralmente. Si bien estas políticas pueden significar un esfuerzo fiscal considerable —como podría ser el proyecto de Sala Cuna Universal, el Postnatal Masculino o la extensión de transferencias condicionadas— existen por cierto beneficios económicos subyacentes que, en el largo plazo, terminarán por generar un retorno social significativo. De hecho, un estudio del Banco Mundial estimó que en economías emergentes con niveles de informalidad por sobre la media, la recaudación fiscal se encontraba entre 5 y 12 puntos porcentuales por debajo de aquellas economías con niveles de informalidad inferiores al promedio (Banco Mundial, 2021). Esto, además de las externalidades positivas que podría significar un mayor tránsito a la formalidad, como lo es el mayor acceso a la seguridad social —especialmente apremiante en tiempos de acelerado envejecimiento—, mejor calidad de vida de los hogares, mayor conciliación entre la vida familiar con la vida personal y mayor protección laboral para las personas ocupadas.
Darle urgencia al problema de la informalidad en nuestro país debe ser prioridad entre los tomadores de decisiones. La formalización del empleo promueve un país más equitativo, asegurando que todos los trabajadores tengan acceso a derechos laborales y sociales fundamentales. Además, fomenta un ambiente económico más robusto y sostenible, donde el crecimiento y la prosperidad sean inclusivos y beneficiosos para todos los chilenos.
El problema de la informalidad laboral en Chile: análisis y propuestas
