El gobierno pone en riesgo las pensiones para personas con discapacidad

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El régimen de pensiones no contributivas por “invalidez”, que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), viene siendo objeto de cuestionamientos por parte de diversos funcionarios del gobierno actual a través de afirmaciones que no tienen sustento con la realidad. Además, recientemente se modificó el Decreto 432/97, que regula los requisitos e incompatibilidades para acceder a la prestación, y se inició un proceso de auditoría de las pensiones actualmente vigentes.

Eduardo Quiroga, abogado del programa “Derechos de las personas con discapacidad” de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) comentó cuál es el estado de situación de actual del régimen de pensiones. «Una de las de las cuestiones que suele decirse en relación con las pensiones es que hay un gran número de pensiones otorgadas, inclusive se utilizan algunos ejemplos para mostrar que muchas de ellas no deberían haberse otorgado y lo que nosotros hicimos es analizar el número actual de pensiones, que es de un 1.212.000 pensiones aproximadamente que están otorgadas hoy a personas con discapacidad o personas que las reciben, y compararlo con el número total de personas con discapacidad que viven en Argentina. El último censo no desagrega todavía personas con discapacidad en Argentina, pero si tomamos los datos del año 2010, y no hay ningún argumento para para creer que este número haya disminuido, el 12,9% de la población de Argentina vive con alguna discapacidad. Esto implica que en Argentina el número de personas con discapacidad ascendería aproximadamente a 5.900.000 personas, es decir que, si tomamos esta proyección que nosotros hicimos y la comparamos con la cantidad de pensiones otorgadas, que como decía al comienzo, de 1.212.000 solamente el 20,3% de las personas que tienen discapacidad y viven en Argentina cobra una pensión. Es decir que, estaríamos lejos de considerar, por lo menos en cuanto al número de personas con discapacidad, que en Argentina es un número desproporcionado».

El decreto que regula los requisitos y las incompatibilidades para acceder a las pensiones del año 1997, «es un decreto que, a la luz de lo que de come evolucionó el paradigma de Derechos Humanos, el enfoque de la discapacidad y la firma del tratado que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al que Argentina le reconoció jerarquía constitucional como una gran cantidad de países de todo el mundo», explicó el abogado. «Si analizamos ese decreto el 97 con todos estos avances muchos de esos requisitos en compatibilidades devinieron inconstitucionales, así también lo lo analizó la justicia. Por ejemplo, qué requisitos establece este decreto en primer lugar, considera a las personas desde un enfoque de invalidez laboral es decir, que clasifica a personas que pueden trabajar o no trabajar, lo que es discriminatorio porque, en principio todas las personas con o sin discapacidad, deberían poder trabajar. En el caso de personas con discapacidad accediendo a apoyos, ajustes a trabajos que sean accesibles para ellas y eso no quita que no pudieran cobrar la pensión».

Además, «el decreto en 1997 establecía que esta invalidez total para trabajar que hacía merecedora la persona de una pensión se corrobora con el 76% de invalidez laboral. El año pasado eso se reformó y se eliminó como criterio ya que había sido declarado inconstitucional por la justicia. También el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad había dicho a Argentina que modifique esos requisitos y fue eliminado. Dejó de existir como criterio para acceder a la pensión esta idea de capacidad laboral y se establece un criterio de barreras para la inclusión social, estado de vulnerabilidad. Sin embargo, la reciente reforma que vos mencionabas restablece el requisito de 1997 ya no con el 76% sino con el 66%», advirtió Edgardo Quiroga.

Por último, el abogado de ACIJ señaló que de este decreto «se eliminó esta idea de criterios de bienes para la subsistencia por bienes suficientes, se establecieron parámetros. Se fue, de alguna manera, avanzando de acuerdo a los estándares de derechos humanos y ahora vemos que se vuelve a la reacción de 1997 poniendo en riesgo un montón de pensiones que han sido otorgadas y también imposibilitando a muchas personas acceder a esta prestación».

 

El gobierno pone en riesgo las pensiones para personas con discapacidad

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