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La informalidad laboral en Chile constituye un desafío importante para el bienestar de millones de trabajadores y trabajadoras, afectando especialmente a las mujeres. Según cifras recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (julio – septiembre), más de 2.4 millones de personas trabajan de manera informal, lo que representa un porcentaje significativo de la fuerza laboral del país.
La tasa de informalidad laboral femenina, en particular, alcanza a un 28.6%, superando en 2.8 puntos porcentuales a la tasa masculina (25.8%). Este escenario plantea preocupaciones serias sobre la salud laboral de las mujeres que no cuentan con un empleo formal, ya que se enfrentan a mayores riesgos y desprotección.
La seguridad social actual presenta limitaciones significativas para las trabajadoras informales, dejándolas desprovistas de protección frente a riesgos asociados con accidentes laborales y enfermedades profesionales. Los organismos administradores del seguro contra accidentes del trabajo –como la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Mutual de Seguridad, el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) y el Instituto de Seguridad Laboral (ISL)– no contemplan a este grupo dentro de sus coberturas.
Esto significa que, ante accidentes o enfermedades laborales, las mujeres que trabajan de manera informal quedan desprotegidas, sin acceso a subsidios, indemnizaciones o pensiones. Dado que una gran proporción de ellas perciben ingresos de subsistencia, deben depender del sistema de salud general (Fonasa), lo que implica un acceso limitado y una cobertura insuficiente para atender enfermedades o accidentes laborales.
Además de esta desprotección, la falta de información sobre las condiciones laborales de las trabajadoras informales agrava aún más la problemática. Los organismos administradores no disponen de datos detallados sobre accidentabilidad, enfermedades profesionales, días perdidos por incapacidad, grados de invalidez ni otras métricas que permitan evaluar la seguridad y salud de este grupo.
La salud mental y los riesgos psicosociales, que afectan de manera significativa a las mujeres en empleos informales, tampoco están contemplados en regulaciones como el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales y la Ley Karin, que solo aplican para trabajadoras dependientes formales.
Esto deja sin evaluar una realidad crítica: la precariedad, la sobrecarga de trabajo, la inseguridad laboral, la violencia, el acoso laboral y los bajos ingresos que afectan particularmente a las mujeres que trabajan en la informalidad.
Frente a esta realidad, se hace urgente recopilar información que permita identificar, medir y caracterizar los riesgos laborales que afectan específicamente a las mujeres en empleos informales. Lo que no se mide no es que no exista; sigue existiendo, pero no se puede conocer, gestionar ni solucionar.
Por ello, es fundamental contar con datos fiables sobre la salud y el bienestar de estas trabajadoras, quienes representan alrededor del 29% de la población laboral femenina en el país. Solo con esta información será posible desarrollar políticas públicas inclusivas que aborden las necesidades de este grupo, mejorando su seguridad y su salud laboral.
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2024/11/11/la-salud-laboral-de-las-mujeres-informales-una-problematica-invisible/
