Las tomas de las Facultades son la novedad política en la coyuntura argentina, y con ellas el debate en torno al financiamiento y la función de la Universidad y de la educación pública. Es lo que ocurrió y ocurre con las jubilaciones y pensiones. Ambas cuestiones ocupan la escena del debate a propósito de los vetos presidenciales avalados por el Congreso.
La institucionalidad política en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo confronta con dos temas de elevado consenso, el carácter público de la Universidad y el derecho a un régimen previsional que satisfaga las necesidades de la población adulta. Es cierto que no todo lo que acontece en las universidades públicas está bien, como tampoco ocurre con jubilaciones de “privilegio” que subsisten ante la grave situación de millones de jubiladas y jubilados, que apenas alcanzan al tercio de lo necesario para satisfacer necesidades valuados en torno al millón de pesos.
Resulta imprescindible defender a la Universidad pública, como al régimen de jubilaciones solidario y de reparto; al mismo tiempo que llevar adelante una crítica al histórico deterioro de una función transformadora del orden socioeconómico vigente.
En efecto, en el origen está la Reforma Universitaria de 1918, para terminar con la Universidad de la élite y para la conservación de una sociedad oligárquico imperialista definida en el ciclo de expropiaciones y liberalismo construido hacia 1880. El régimen jubilatorio tiene antecedentes a fines del siglo XIX en Europa y a comienzos del XX en nuestro país. Es un tiempo de reformas y de revolución, o quizá al revés, de revolución, en Rusia en 1917, que aceleró “reformas” preventivas para evitar radicalización de las demandas populares.
La Reforma Universitaria hace parte de la tradición revolucionaria en Cuba, de la reformista en Perú y, en definitiva, de un debate sobre el rumbo de las sociedades a construir en la región latinoamericana y caribeña. La evolución de esa tradición tiene en la Argentina la impronta desarrollista y privatista en los años 60 del siglo pasado, lo que supuso una convivencia de lo público con lo privado, con un prestigio instalado de lo público, que sobrevive aún con limitaciones presupuestarias. El Banco Mundial (BM) instaló con fuerza en todo el mundo, con lógica neoliberal, la “necesidad” de la privatización universitaria vía aranceles o formas de insertar a las universidades en el mercado vendiendo servicios al capital. La Universidad pública aranceló, casos de los estudios de postgrados, una lógica generalizada desde los años 90 al amparo de la ideología hegemónica y el impulso de gobiernos de la tradición política mayoritaria, el peronismo y el radicalismo, claro que con luchas y confrontaciones diversas entre las que se rescata la emergencia del sindicalismo docente universitario en los años 80.
El régimen previsional también sufrió un proceso privatizador propio, incluso antes de las Administradora de Fondo de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), con la apropiación de los fondos de pensión para la política oficial del Estado capitalista bajo diversas gestiones.
Es un tema que hoy se manifiesta en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) gestionado por el Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). En el informe de agosto de 2024 del FGS se destacan tenencias valuadas en 48 mil 300 millones de dólares, de los cuales el 73,9% está invertido en títulos públicos y 14,5% en acciones de empresas, totalizando entre ambos conceptos un 88,4%. De este modo, los “fondos” acumulados por el régimen previsional se utilizan para financiar al Estado y su privilegio por responder a la demanda de acreedores de la deuda pública (tal como destaca el oficialismo respecto del presupuesto 2025) y empresas de gran porte que definen la hegemonía en el capitalismo local.
Lo que es evidente es el proyecto privatizador para la Universidad y la educación en general, como para el régimen jubilatorio. Por eso la defensa de ambos aspectos y que se manifiesta en las acrecidas movilizaciones del movimiento de jubilados, los miércoles y en una campaña que involucra demandas al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), a la Aanses y toda dependencia asociada a los derechos de la población adulta. Lo novedoso ahora es el movimiento estudiantil. La marcha de abril convocó al conjunto de la comunidad universitaria, porque estaba en juego el funcionamiento ante las restricciones presupuestarias. A comienzos de octubre la demanda fue motorizada en defensa de los salarios del personal docente y no docente. Con el veto emergió el estudiantado, las tomas y las clases públicas, instalando un nuevo debate sobre el sentido y destino de la Universidad pública.
Universidades públicas y jubilaciones en el debate actual argentino
