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El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la autoasignación por parte del Congreso de un subsidio con dinero de la ciudadanía para la jubilación vip de los parlamentarios, con lo cual firmó el acta de defunción de la tan mentada reforma previsional, que es –o era– uno de los máximos desafíos de este Gobierno para neutralizar los gravísimos riesgos financieros que corre el país en el mediano plazo, tal como lo han advertido expresamente los organismos internacionales y las mismas calificadoras que le habían dado a esta administración un condicionado voto de confianza. Santiago Peña ha perdido toda autoridad moral para pedirles los necesarios sacrificios a los propios funcionarios públicos y a la población en general para estabilizar las diversas cajas jubilatorias y para universalizar las contribuciones a la seguridad social.
El Fondo de Jubilaciones y Pensiones para Miembros del Poder Legislativo, conocido como Caja Parlamentaria, otorga a los congresistas una pensión vitalicia del 60% del promedio de sus ingresos, incluidos gastos de representación, unos 20 millones de guaraníes mensuales a valores de hoy, con tan solo diez años de aportes, equivalentes a apenas dos períodos. Si son tres períodos, la asignación se eleva al 80%, alrededor de 26 millones de guaraníes, todos los meses, de por vida.
Como si fuera poco, si el legislador jubilado deja al fallecer viuda o viudo, hijos menores de 18 años o discapacitados, estos deudos continúan cobrando el 70% de la pensión hasta que ellos mismos fenezcan o adquieran la mayoría de edad, según el caso.
Adicionalmente, si el parlamentario no completa los dos períodos mínimos u opta por no acogerse al beneficio, puede retirar de una vez el 100% de sus aportes, con lo cual no contribuye ni un centavo con este pretendido “sistema de reparto”, en el que los congresistas activos son supuestamente los que pagan los haberes de sus colegas retirados, algo que está lejísimo de la realidad.
En el mejor de los casos, para acceder a la pensión, a un parlamentario se le descuentan (siempre a valores de hoy) 780 millones de guaraníes en total en diez años y 1.170 millones de guaraníes en quince años, montos que, reiteramos, puede retirar de una vez si así lo desea. En contrapartida, por cada diez años ulteriores el legislador cobra el triple de lo que aportó. Obviamente que ello es insostenible.
La cuestión no sería de mucho interés público si cubrieran el agujero ellos mismos y, en todo caso, se repartieran los recursos que pudieran colectar hasta que se agotaran. De hecho, así lo decidieron anteriores cuerpos parlamentarios, que votaron por eliminar los subsidios estatales a la Caja. Pero ahora no solamente aprobaron rápidamente en ambas cámaras (en Diputados la sesión duró ¡seis minutos!), con el voto de todas las corrientes políticas, con muy pocas excepciones aisladas, una reprogramación presupuestaria para un subsidio de 3.500 millones de guaraníes en 2024, sino que subrepticiamente se incluyó otro por un monto similar en el Presupuesto 2025 con la anuencia del Poder Ejecutivo.
De ahora en más, este Congreso queda imposibilitado de legislar sobre asuntos atinentes a la reforma previsional. ¿Con qué cara, por ejemplo, van a aumentar los años de aportes o a recortar los beneficios de los maestros, o incluso de los policías y militares, en la deficitaria Caja Fiscal, si no hacen lo propio para sí mismos? ¿Con qué derecho sancionarían leyes que exigieran a toda la fuerza laboral contribuir durante 25 o 30 años para solventar sus futuros retiros, como es menester para que no se produzca en Paraguay la “explosión de la deuda pública” que proyectó el Fondo Monetario Internacional en los próximos veinte años?
De haber vetado esta abusiva reprogramación y retirado el nuevo subsidio del proyecto de Presupuesto, Santiago Peña habría podido salvar su responsabilidad y conservar algo de su credibilidad, pero no lo hizo, por lo que queda igualmente imposibilitado, con nefastas potenciales consecuencias para el país. Lamentablemente, se inclinó por la minoría de “ciudadanos de primera” a costilla de la mayoría de “ciudadanos de segunda”, prefirió priorizar su compromiso con la clase política antes que el juramento que le hizo a toda la nación.
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/2024/10/24/de-un-plumazo-santi-pena-mato-la-reforma-jubilatoria/
