Tras semanas de incertidumbre, finalmente el gobierno peruano se pronunció sobre la reforma del sistema de pensiones aprobada por el Congreso a fines de mayo. “Las evaluaciones no ven una fuerte presión en la caja fiscal de esta ley. No hemos logrado encontrar brechas muy grandes, y creo que todo es atendible y subsanable”, declaró José Arista, ministro de Economía y Finanzas del país andino.
Cabe destacar que la presidenta Dina Boluarte tiene hasta este martes 24 para promulgar la ley. Hablamos de una aprobación que sería inminente, debido a la postura favorable del ministro Arista, compartida por consultoras y demás grupos de investigación. Bajo el nuevo modelo previsional, se mantiene el sistema de cuentas individuales de capitalización (CIC) y la tasa de aporte del 10%. Pero al mismo tiempo, se introducirán “cuentas nocionales” proporcionales al aporte de cada jubilado y que se implementarán por completo para 2030.
Otros cambios importantes apuntan a los trabajadores independientes formales: desde 2027 en adelante, aportarán el 2% de sus ingresos, aumentando gradualmente esta suma hasta un 5%. Asimismo, se establece una pensión mínima garantizada de S/. 600 (US$ 158,3) para los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que superen los 20 años de aportes.
Si la presidenta Boluarte se niega a promulgar la ley, mantener el status quo sería costoso para las próximas generaciones, según la consultora Macroconsult. Bajo el modelo actual, el 97% de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) retiran el 95,5% de sus fondos. Esto debilitaría el alcance de las AFP a largo plazo, pues la cobertura de pensiones caería del 50% en 2024 al 30% en 2070. Mientras que para este plazo, el costo fiscal del sistema alcanzaría el 0,53% del PIB.
No obstante, Macroconsult prevé que la reforma ocasione un alza de la cobertura de pensiones hasta el 100% para 2070. Por otra parte, los montos promedio que recibirán los adultos mayores se elevarían hasta S/. 860 (US$ 226,9). Con respecto al costo fiscal adicional, la consultora lo fija entre 0,15% y 0,24% del PIB peruano, un gasto menor que se alcanza gracias a mecanismos alternativos. No obstante, estos cambios distan de ser definitivos para alcanzar un modelo ideal.
“Si uno compara el costo fiscal del nuevo sistema es mucho menor que el de otros países. El problema es que Perú tiene altos índices de informalidad laboral y lo que ocurre es que el presupuesto se gasta en los pocos trabajadores que realmente contribuyen al sistema privado de pensiones. Entonces, ese monto se concentrará en aquellos privilegiados y en realidad, no estamos haciendo nada contundente para asegurar que muchas más personas participen en el sistema privado o el público”, declaró David Cuervo, director general de Mercer Perú para AméricaEconomía.
Desde su perspectiva, Cuervo opina que el sistema previsional peruano será más sostenible, pero concentrará sus gastos en beneficiarios que se alejan de las poblaciones más vulnerables. Elmer Cuba, economista y socio de Macroconsult, comparte una postura similar. “Un sistema de pensiones en Perú donde todos ganemos lo mismo es un reto mayúsculo, porque aquí la gente no puede ahorrar el 10% de su sueldo, ya que los salarios son muy bajos y esto presiona al Estado a otorgar subsidios”, explicó a AméricaEconomía.
El problema de la baja capacidad de ahorro se manifiesta en el Índice Global de Pensiones del Instituto Mercer CFA. Por ejemplo, en la edición de 2023 del ranking, la proporción entre el PIB de Perú y el ahorro pensional bajó del 25% al 11% en cuestión de cuatro años. “En los países donde sus sistemas de pensiones son mucho más robustos, estamos hablando de un sistema de ahorro del 100 o 75% del PIB. Hay casos como Australia o Islandia, donde esta proporción supera dos veces el PIB del país. Aquí al ahorrar solo el 11%, producimos un sistema frágil que será incapaz de proveer recursos básicos para vivir”, afirma Cuervo.
Otra de las medidas llamativas que incluye la reforma es la pensión por consumo. Este mecanismo permite que las personas que no están afiliadas a ningún sistema previsional o que no acceden a una pensión mínima en el SNP puedan acumular fondos en el SPP a través de sus compras diarias.
Así, se establece un aporte del 1% sobre los pagos por consumo de cada ejercicio fiscal. Conviene aclarar que este mecanismo solo se puede aplicar hasta alcanzar un aporte máximo de ocho unidades impositivas tributarias (UIT) al año. A pesar de que en teoría, esta modalidad democratiza el acceso al SPP, lo cierto es que también es “regresivo”. En otras palabras, obliga a las personas de menores ingresos a destinar una mayor proporción de sus gastos diarios al sistema. “Esta pensión por consumo debe complementarse con otra reforma para romper ese componente regresivo”, sostiene Cuba.
Para David Cuervo, la pensión por consumo es una medida extraordinaria sobre el papel, pero que nuevamente se da de bruces contra una economía peruana protagonizada por trabajadores informales.
“Todo lo que generamos en facturas reales es muy escaso. ¿Quién va a consumir en el mercado formal entonces? Las personas que tienen capacidad de ahorro. Así que nuevamente estamos redireccionando los esfuerzos a personas que no necesariamente son las que más lo necesitan”, aclara. El director de Mercer Perú señala que en la práctica, más del 70% de la población económicamente activa de Perú no tendrá acceso a la pensión por consumo o solo a oportunidades muy puntuales.
Al revisar los casos de los países vecinos en un año donde las reformas al sistema de pensiones se han extendido, conviene preguntarse si Perú podría replicar algunos puntos. “En el caso chileno, ya existe una pensión universal que ya casi alcanza la mitad del sueldo mínimo. Perú no tiene aún esa fortaleza fiscal para imitarlo. Mucho influye también que Chile tenga una informalidad baja (28%, según el INE en 2024) porque eso permite que la mayoría de trabajadores construya su pensión propia”, explica Elmer Cuba.
Aunque según el informe de Mercer, el sistema previsional más exitoso de la región es el uruguayo. Se trata de un sistema multipilar, donde el Estado financia hasta donde puede y luego el sector privado lo complementa. Una informalidad laboral que solo asciende al 22%, así como un mercado financiero creciente facilitan la estructuración del sistema.
En una cara de la moneda más cercana a Perú, se encuentra la reciente reforma previsional de Colombia, país que solía contar con problemas similares a su vecino del sur. Entre los pasivos se encontraban la competencia entre el sistema público y privado de pensiones y el poco énfasis en sectores vulnerables.
“Aquí se pueden aprender aspectos importantes de la reforma colombiana. En primer lugar, la necesidad de ponerse de acuerdo y generar un solo sistema pensional integrado. Segundo, el Estado se está concentrando en poblaciones de entre uno y dos remuneraciones mínimas vitales y móviles. Eso es un claro foco en atender a las personas de bajos recursos. Además, con lo que ahorra, en vez de satisfacer los recursos a personas que están por encima de ese límite, los transfiere en teoría para mayor gasto público en adultos mayores en estado de pobreza”, explica David Cuervo.
En este apartado, la reforma previsional peruana proyecta un aumento de Pensión 65, el programa destinado a los ancianos en estado de vulnerabilidad, a S/. 175 (US$ 46) mensuales. A su vez, la cobertura crecería gradualmente a un ritmo del 1% anual, pero aún no se decide si se impulsará una expansión conservadora o agresiva del beneficio.
https://www.americaeconomia.com/economia-y-mercados/luces-y-sombras-de-la-reforma-del-sistema-de-pensiones-en-peru
