Introducción
El envejecimiento de la población ha sido señalado como una de las principales causas de la crisis de la seguridad social en Uruguay. Esto, además, ha sido utilizado para justificar reformas que promueven la capitalización individual de las pensiones y una mayor participación del sector privado en la administración de los fondos de las jubilaciones.
Sin embargo, este diagnóstico ignora factores estructurales mucho más profundos que afectan el sistema de pensiones de manera más inmediata y con mayor impacto: la informalidad laboral, la precarización del empleo y las políticas neoliberales que han debilitado los sistemas de bienestar. Este artículo examina cómo estos factores contribuyen a la inestabilidad del sistema de seguridad social, demostrando que el envejecimiento de la población es sólo una pieza dentro de un problema que debe incorporar dimensiones de mayor impacto.
El envejecimiento poblacional: un diagnóstico incompleto
El Censo 2023 de Uruguay reveló que el 20% de la población tiene más de 60 años, y se proyecta que esta cifra superará el 25% para 2030 (Instituto Nacional de Estadística –INE–, 2023). A pesar de la relevancia demográfica, culpar a las personas mayores de la insostenibilidad del sistema previsional es un prejuicio infundado que desvía la atención de factores estructurales más significativos. Walker (2018), por ejemplo, argumenta que la culpabilización de las personas mayores es una forma de “prejuicio por edad estructural” utilizado para justificar políticas neoliberales que tienen por objetivo desmantelar los sistemas de solidaridad intergeneracional.
Lazzarato (2013), por su parte, señala que el neoliberalismo ha reconfigurado la relación entre el Estado y los individuos, promoviendo la idea de que cada persona es responsable de su propio bienestar. En este sentido, la culpabilización del envejecimiento poblacional sirve como una herramienta para justificar reformas que desmantelan los sistemas de reparto. Sin embargo, el estudio Pension Watch (2021) muestra que, aunque la población está envejeciendo, otros factores como la informalidad laboral y la precarización del trabajo son los verdaderos motores de la crisis de los sistemas de pensiones actual.
La informalidad laboral: el verdadero problema estructural
La informalidad laboral es un problema que afecta de manera mucho más directa a la sostenibilidad del sistema de pensiones en Uruguay que el envejecimiento de la población. En 2022, el 22% de la fuerza laboral estaba empleada en el sector informal, lo que significa que estas personas no hacen contribuciones regulares al sistema de seguridad social (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2022). En ese sentido, Barrientos (2019) argumenta que la alta informalidad es una de las principales causas de la insuficiencia financiera en los sistemas de pensiones en América Latina, y su impacto es mucho mayor que el del envejecimiento poblacional.
Esta situación es especialmente problemática en sectores como la construcción y el comercio, donde hasta el 40% de las personas ocupadas están empleadas de manera informal (Banco de Previsión Social, 2023). Como advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2021), la informalidad afecta principalmente a las y los trabajadores de menores ingresos, que tienen menor capacidad de ahorro y acceso limitado a mecanismos de protección social, perpetuando así su vulnerabilidad a largo plazo.
El análisis de Walker (2018) también destaca que la informalidad laboral y la falta de acceso a derechos sociales son las verdaderas causas de la crisis de la seguridad social. Mientras que se sigue culpando a las personas mayores por el “desequilibrio” del sistema, los verdaderos problemas estructurales, como la incapacidad del Estado para formalizar el empleo y promover condiciones laborales dignas, son ignorados.
Precarización del empleo: un fenómeno crítico para la seguridad social
Aparte de la informalidad, la precarización del empleo es otro factor que debilita gravemente el sistema de seguridad social en Uruguay. En las últimas décadas, el mercado laboral en Uruguay ha experimentado un proceso de flexibilización, promovido bajo la idea de que facilitaría la creación de empleo. Sin embargo, esta flexibilización ha resultado en un aumento de los empleos temporales y mal remunerados, sin acceso a beneficios de seguridad social (De la Vega et al., 2021). Estos empleos precarizados hacen que las personas ocupadas en estas economías no puedan realizar aportes regulares ni suficientes al sistema de pensiones (Filgueira, 2020).
En ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo (2022) advierte que los empleos temporales y la falta de derechos laborales básicos son obstáculos para la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de seguridad social en América Latina. En Uruguay, como fue señalado, varios sectores presentan tasas de precarización particularmente altas, lo que pone en peligro la capacidad de las y los trabajadores de acumular los aportes necesarios para garantizar una jubilación digna (INE, 2022).
Asimismo, Berlant (2011) y Fraser (2016) señalan que este proceso de precarización es parte de un modelo más amplio donde se promete a las y los trabajadores una estabilidad que nunca llega. Los empleos precarizados no sólo reducen los aportes al sistema de seguridad social, sino que también generan una creciente frustración y desigualdad, al tiempo que se perpetúa la ilusión de que el esfuerzo individual es suficiente para asegurar una vejez digna.
El mito de la capitalización individual y la culpa a los mayores
Una de las respuestas neoliberales a la supuesta crisis del envejecimiento ha sido la promoción de sistemas de capitalización individual, donde las personas son responsables de ahorrar para su jubilación. Este modelo, implementado en Uruguay mediante las AFAP, ha sido criticado por trasladar todo el riesgo hacia las y los trabajadores y desmantelar los principios de solidaridad social que caracterizan los sistemas de reparto (Mesa-Lago, 2020).
Bajo este modelo, las personas trabajadoras, especialmente aquellas en empleos precarios o informales, tienen dificultades para acumular suficientes ahorros. En línea con esto, la investigación de De la Vega et al. (2021), publicada en el Journal of Social Policy, señala que las economías latinoamericanas con altos niveles de informalidad enfrentan “dobles trampas” en sus sistemas de seguridad social. Estos sistemas no logran captar suficientes aportes de las personas que trabajan en economías informales, perpetuando la pobreza en la vejez y exacerbando las desigualdades sociales.
Otro punto crucial de este estudio es su análisis de las reformas de seguridad social implementadas en varios países latinoamericanos, muchas de ellas inspiradas por políticas neoliberales que se centraron en la capitalización individual y en una reducción del papel del Estado en la provisión de pensiones. Los autores argumentan que, lejos de resolver el problema de la informalidad, estas reformas han perpetuado y profundizado las desigualdades, ya que las y los trabajadores informales siguen excluidos de los sistemas contributivos y, en muchos casos, las pensiones que reciben son extremadamente bajas debido a los bajos niveles de cotización a lo largo de sus vidas laborales. En este sentido, el estudio cuestiona la efectividad de las reformas orientadas a mejorar la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social, destacando que no se han abordado adecuadamente los problemas estructurales de la informalidad y la pobreza en la vejez.
Además, estudios recientes (Universidad de Cambridge, 2021) muestran que la capitalización individual no ha logrado resolver la crisis de los sistemas de pensiones, sino que la ha incrementado. Por otro lado, la OIT (2022) concluye que los sistemas de capitalización individual en América Latina han generado desigualdades significativas y han fracasado en ofrecer pensiones adecuadas para la mayoría de las y los trabajadores.
En síntesis
El prejuicio que culpa a las personas mayores del colapso de los sistemas de pensiones es una narrativa que encubre problemas estructurales mucho más profundos, como la informalidad laboral, la precarización del empleo y las políticas neoliberales que han debilitado la solidaridad social. Es necesario replantear la discusión sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, abordando las verdaderas causas de su crisis y reconociendo que la culpabilización de las personas mayores es injustificada e inexacta.
En el próximo artículo de esta serie, el foco estará puesto en el proceso histórico de las reformas desplegadas tanto en América Latina como en Uruguay.
Adriana Rovira, docente e investigadora de la Universidad de la República en derechos humanos, cuidados y participación política en el campo del envejecimiento y la vejez. Integrante de la Comisión de Expertos ante la OEA que redactó la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Directora del Instituto Nacional de Personas Mayores entre 2012 y 2020.
https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2024/9/la-informalidad-laboral-y-su-impacto-en-la-crisis-de-la-seguridad-social-en-uruguay/
