Académicos vinculados a la economía crearon el grupo Frenteamplistas por el No al plebiscito de la seguridad social

En el marco de la libertad de acción que ha resuelto el Frente Amplio (FA) en referencia al plebiscito que promueven el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, un grupo de economistas conformó recientemente el espacio Frenteamplistas por el No al plebiscito de la seguridad social. Este grupo redactó un documento, al que tuvo acceso la diaria, en el que sostiene que, en caso de aprobarse, la reforma constitucional “tendría consecuencias injustas y regresivas y generaría enormes riesgos para la economía uruguaya”.

En el texto, que recoge la adhesión de 111 “frenteamplistas del ámbito de las ciencias económicas”, entre ellos, Gabriel Oddone, Mario Bergara, Fernando Lorenzo, Álvaro García y Pablo Ferreri, se señala que, si bien la reforma jubilatoria que aprobó la coalición de gobierno “avanzó en algunos aspectos”, no consiguió terminar con los “principales problemas existentes” del sistema previsional y además “generó problemas nuevos”; de todos modos, se sostiene que el plebiscito “no es la solución”.

El informe elaborado por este grupo de economistas del FA analiza los tres puntos que plantea la reforma de la central sindical. En primer lugar, sostiene que “la promesa del plebiscito de jubilarse a los 60 años no se cumple para la mayoría de quienes trabajan”, que a esa edad no consiguen reunir el mínimo de 30 años de aportes que exige la ley para jubilarse, un “problema que afecta a la mitad de los que hoy trabajan, sobre todo los de menores ingresos y peores condiciones laborales, especialmente las mujeres”. El PIT-CNT propone bajar la edad jubilatoria de 65 a 60 años, esto es, la edad mínima de retiro que había antes de la reforma jubilatoria aprobada por la coalición de gobierno.

En segundo lugar, en el informe se asegura que el plebiscito “no logra cumplir con la promesa de mejorar a futuro las pasividades mínimas”. En este punto, la papeleta de la central sindical establece que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Al día de hoy, esto supondría un incremento de 18.840 a 22.268 pesos uruguayos por mes, cuyo costo total el PIT-CNT estimó en 460 millones de dólares al año.

Según los economistas del FA contrarios a la reforma, el salario mínimo nacional es “una variable cuyo valor es fijado discrecionalmente por el gobierno de turno”, por lo que “no implica ninguna garantía de que las pasividades mínimas aumenten su poder de compra, ni siquiera que lo mantengan, tal como pasó hasta el año 2004, cuando se castigaba al salario mínimo nacional para frenar el gasto en jubilaciones y pensiones”. Así, este punto de la papeleta supone “un riesgo cierto de que algún gobierno futuro limite el aumento del salario mínimo nacional, perjudicando a las y los trabajadores de menores ingresos”.

Por último, el informe advierte sobre el efecto que tendría la eliminación del régimen de ahorro individual de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), el tercer punto de la papeleta. Se señala que esto conlleva el traspaso de 23.000 millones de dólares desde las AFAP al Banco de Previsión Social (BPS), organismo que “quedará obligado a pagar pasividades mayores que las que se hubieran pagado por el sistema actual”.

No obstante, se señala que “el BPS recibirá menos dinero del monto al que quedará obligado con los futuros jubilados, por lo que aumentará aún más su déficit previsional actual”. Se estima que estos 23.000 millones de dólares “se agotarán en menos de 15 años”, y desde entonces “cada año se necesitarán más aportes del Estado” para cubrir el déficit del sistema previsional.

En el documento se sostiene que “la promesa de mayores pasividades” por parte del BPS “no debe alimentar la falsa ilusión de que existe un impuesto, que siempre pagan otros y que soluciona el enorme costo adicional”. Según el informe, este costo adicional equivaldría a duplicar el impuesto a las ganancias de “todas las empresas”, aumentar cuatro veces los aportes patronales o “aumentar el IVA de 22% a 35%”.

“Aun asumiendo que el altísimo costo que el plebiscito genera pudiera ser financiado, implicaría renunciar a destinar mayores recursos a atender otras necesidades prioritarias que tiene la sociedad, como la pobreza infantil, la seguridad, la educación y el sistema de cuidados, incluyendo la atención a las necesidades crecientes de una población envejecida”, se agrega en el informe.

Adicionalmente, el documento advierte que, por la forma en que está redactada la papeleta, el plebiscito “deja blindados en la Constitución los privilegios actuales de la Caja Militar”. La papeleta establece que “la entrada en vigor de la presente reforma no implicará pérdida o menoscabo en derechos o beneficios previstos en leyes anteriores en materia de prestaciones de seguridad social”.

El grupo Frenteamplistas por el No concluye que la convocatoria a “un amplio, democrático y genuino diálogo social” sobre la seguridad social, como se plantea en las bases programáticas del FA, sí permitirá desarrollar “una reforma más justa y sostenible”.

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