Problemas de base: el envejecimiento poblacional complica la sostenibilidad de la seguridad socialEditar 

Antes de ir a las últimas novedades en este tema, cabe remarcar que cualquier discusión mínimamente fundamentada y coherente sobre seguridad social tiene que incorporar tres aspectos fundamentales. Primero su alcance, es decir la cantidad de personas beneficiarias del sistema, en proporción al total. En segundo lugar, la suficiencia de las prestaciones (jubilaciones y pensiones) en sus diversas modalidades, es decir que el monto sea suficientemente alto para cubrir los gastos del beneficiario. El tercero es la sostenibilidad financiera y aquí es donde el asunto se complica: Uruguay califica bien en los dos primeros aspectos, si bien siempre pueden ser mejorables, pero tiene un problema serio de sostenibilidad financiera.

El sistema de seguridad social en Uruguay es mixto, es decir, combina ahorro individual (el 5% del aporte va a la AFAP) y solidaridad intergeneracional. En lo primero no hay dificultad financiera: se devuelve lo que se aportó y con retorno de inversión (algo clave en los últimos años, con las AFAP financiando múltiples proyectos y al Estado). El lío es con el pilar de solidaridad intergeneracional o reparto: lo que recauda en aportes no alcanza, ni cerca, para financiar las prestaciones. Se gastan u$s 5.000 millones anuales, se recaudan u$s 3.000 millones, en cifras gruesas. La brecha se cubre con impuestos (7 puntos de IVA, el IASS) y aportes de la tesorería. La propuesta de reforma, al proponer eliminar el ahorro individual y bajar la edad mínima de retiro, agudizará seriamente el problema, haciéndolo seguramente insostenible.

Nuevos datos

En este trasfondo, nuevos datos demográficos prenden nuevas alarmas: los nacimientos en 2023 marcaron un nuevo mínimo histórico en más de un siglo, al caer a 31.385 (gráfica). Las tendencias demográficas del Uruguay ya eran claras en cuanto a complicar la sustentación del pilar de solidaridad intergeneracional, porque la esperanza de vida es cada vez mayor y los nacimientos son cada vez menos. Estas variables demográficas son claves al momento de hacer proyecciones económicas del sistema (lo que se conoce como auditoría). De hecho, el presidente Luis Lacalle Pou había vislumbrado que se podía establecer una reforma pensando en el mediano y largo plazo, sin afectar las condiciones de los trabajadores actuales, es decir, reformando para los futuros trabajadores que aún no estaban en el mercado. Pero los parámetros conocidos hasta ese momento fueron revisados y el resultado fue peor al que se preveía; era imposible no afectar a los que ya estaban desarrollando su vida laboral. Así, la última reforma, aprobada en el Parlamento (ley 20.130) aumentó la edad jubilatoria, aunque de manera muy gradual para hacer el cambio lo menos brusco posible.

Pero aún con la aprobación de la nueva ley, se reconocía que -de todas maneras- sería necesaria una nueva reforma o modificaciones agregadas, si se quería mantener la sostenibilidad financiera del sistema. El último dato de nacimientos reafirma esta idea.

La caída en la natalidad venía dándose hace varias décadas. Pero a partir de 2016 comenzó una caída abrupta y muy preocupante que -al menos hasta el año pasado- no paró. Los nacimientos bajaron de unos 47.000 a casi 31.000, una baja de 37% en menos de 10 años. Expertos demógrafos argumentan que esto refleja, en parte, un aumento en la edad de concepción del primer hijo y que -por lo tanto- podría esperarse un cierto aumento en el número de nacimientos en los próximos años. Pero difícilmente se recupere la reciente caída.

Así, la base poblacional se va estrechando y -por tanto- la base de sustentación del sistema de solidaridad intergeneracional se va achicando. El tronco se va angostando, y el árbol tambalea. Al mismo tiempo, por disposiciones de los últimos años y la propia dinámica de decisiones de las personas con derecho a jubilarse, el número de jubilaciones pagadas por el BPS sigue aumentando.

Según el último informe del Observatorio de la Seguridad Social del CINVE (Centro de Investigaciones Económicas), el número de jubilaciones pagadas en el mes de mayo fue casi 810.000, un nuevo máximo histórico. Tomado aisladamente, es un dato positivo en el alcance del sistema. Sin embargo, parece claro que la sostenibilidad financiera, en especial a largo plazo, en el pilar de solidaridad intergeneracional será cada vez más difícil: hay más jubilados, con más esperanza de vida, y menos jóvenes. Si se quiere mantener esas prestaciones, habrá que recurrir a más aportes desde la tesorería. Y dado los niveles ya muy altos de transferencias de la recaudación al BPS, esta vía parece insostenible, pues implicaría quitar recursos a otras áreas relevantes, o un aumento de la presión impositiva que puede complicar a la propia economía, con el resultado inverso al buscado. Sobre esto, la central sindical no se ha pronunciado claramente.

Así, desde hace un buen tiempo -y más con los nuevos datos- el objetivo debe ser mejorar la sostenibilidad financiera del sistema en sus propios parámetros, algo que ha hecho la última ley. Y seguramente habrá que hacer esfuerzos agregados. La propuesta del PIT-CNT que se votará en octubre va en el sentido diametralmente opuesto. Y le cargaría a los futuros uruguayos una mochila aplastante. Un escenario de insolidaridad intergeneracional.

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