Observatorio UCR: 56% de las personas adultas mayores no recibe Pensión Básica Contributiva 

Se estima que para el 2022 Costa Rica alcanzó los 5 millones de habitantes y la proyección era que esa cantidad de personas crece en un 1,4% anual desde el 2011, con el enorme reto de una decreciente tasa de natalidad y el aumento de los indicadores de envejecimiento, una amplia proporción de adultos mayores enfrentan situaciones adversas para poder sostenerse económicamente.

Pedro Rodríguez (nombre ficticio para guardar la confidencialidad) relató que, desde hace seis años, está jubilado. Toda su vida aportó al sistema de pensiones, lo que le permitió tener una pensión; sin embargo, en los últimos cuatro años, se le ha hecho difícil cubrir todas sus necesidades y tuvo que ofrecer servicios profesionales para redondear su ingreso mensual.

Pese a las dificultades que ha enfrentado, la situación de Pedro es mejor que la del 56% de la población adulta mayor que no cuenta con una Pensión Básica Contributiva, de acuerdo con cifras del 2023, lo que significa un total de 306.551 personas que están en riesgo de tener una vejez en situación de pobreza o pobreza extrema.

La Pensión Básica Contributiva se constituye del aporte tripartito del patrón, empleado y el Estado, de acuerdo con un porcentaje de su salario y que forma un fondo de capitalización colectiva. Estos aportes son gestionados por diversos regímenes.

Este es uno de los principales resultados del IV informe Pensiones en Costa Rica: Régimen Contributivo Básico, desarrollado por el Observatorio del Envejecimiento de la Universidad de Costa Rica (UCR), que muestra cómo la población de 65 años o más ha crecido con fuerza, pasando del 3,2% en el año 1960 al 10,1% en el 2022 y con la proyección de que al 2040 este grupo poblacional supere el millón de personas.

El informe fue presentado en el marco del Foro de Pensiones “Aportes técnicos para la discusión sobre el Sistema Nacional de Pensiones en Costa Rica, su sostenibilidad, suficiencia y cobertura con un enfoque de inclusión y bienestar social” realizado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).

Según Carlos Murillo, director del Observatorio, este nuevo informe analizó la realidad y desafíos de la pensión básica contributiva, con referencias al sistema no contributivo y otros componentes de la pensión, incluyendo los diversos regímenes como el de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); el régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional, el régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial y regímenes con cargo al presupuesto nacional (que ya fueron cerrados).

Datos muy reveladores y preocupantes

“Muchas de esas personas que no reciben pensión contributiva básica, que es en la que aportan las personas durante su vida laboral, reciben una pensión mínima por parte del Estado, pero no la disfrutan ellos, sino que la entregan a sus hijos o familiares. Solamente el 44% de la población adulta mayor recibe pensión contributiva, pero en una gran proporción son montos bajos que no les permite cubrir todas sus necesidades”, explicó Murillo.

El estudio demostró que el régimen no contributivo, es decir, las pensiones que brinda el Estado gracias a los aportes solidarios a quienes no tienen acceso a una jubilación y viven en situación de pobreza, está conformado por unas 91.023 personas, pero el monto mensual es cercano a los ₡82.000 ($180), una cifra totalmente insuficiente para el alto costo de vida que existe en Costa Rica.

Aún así, hay alrededor de 30.000 personas que están esperando que les aprueben esta pensión y la Hacienda Pública ha confirmado que no hay recursos para financiar dichos apoyos.

Peor aún, hay una brecha de unas 215.000 personas que no están cubiertas por ningún régimen de pensiones, eso representa un 39% del total de adultos mayores y, con la realidad que experimenta la economía costarricense, estos números pueden agravarse, pues la población económica activa (PEA) está experimentando cambios sustantivos en cuanto a la informalidad laboral.

El experto señaló que, actualmente, el 81% de esta población es cotizante y tiene acceso a futuro a pensiones contributivas, pero hay un 19% que no aporta, dejándolo en una condición de extrema vulnerabilidad.

Entonces, para 2023, más de 425.000 personas de la PEA (el 19% mencionado) no cotizaban para ningún régimen obligatorio de pensiones, incluyendo en este grupo a trabajadores informales, independientes y sectores no cubiertos por la seguridad social.

Mientras que muchos no reportan lo que realmente reciben, aunque tengan un trabajo en la formalidad, por ejemplo, los trabajadores del agro o la construcción, a quienes les reportan menos de lo que en realidad reciben.

“Por otra parte, las cifras muestran que para el año pasado el empleo informal estaba en un 37,3% del total de la población ocupada, es decir, casi 800.000 personas que no cotizan para la seguridad social y que tampoco reciben un servicio de salud durante su vida económicamente activa”, añadió.

Quienes se ubican en la población laboral independiente muchas veces prefieren recuperar todo el dinero que sea posible para el diario vivir y no cotizan para la pensión, lo que los convierte en informales.

Observatorio UCR: 56% de las personas adultas mayores no recibe Pensión Básica Contributiva