Cobertura para hijos hasta los 28 años en EsSalud: requisitos y por qué se cuestiona la aprobación de esta medida

La propuesta legislativa obtuvo un gran respaldo: 91 votos a favor frente a 13 votos en contra y 8 abstenciones. Por ello, fue exonerada de segunda votación. De esta manera, el artículo previamente mencionado quedará de la siguiente forma: “Son derechohabientes el cónyuge o el integrante de la unión de hecho a que se refiere el artículo 326 del Código Civil, así como los hijos menores de edad, los hijos solteros hasta veintiocho años que se encuentren realizando con éxito estudios superiores o técnicos de manera continuoss y los hijos mayores de dieciocho años incapacitados en forma total y permanente para el trabajo, siempre que no sean afiliados obligatorios […]”.

El congresista Pasión Dávila, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, fue el encargado de sustentar el dictamen. El integrante del Bloque Magisterial destacó la necesidad de proteger el derecho al acceso al seguro social de aquellos jóvenes que se dedican de manera exclusiva a sus estudios.

“Estamos comprometidos en ayudar para que los jóvenes que estudian en las universidades e institutos y dependan de sus padres tengan una formación profesional a cabalidad. Por eso, debemos darles acceso al seguro social”, explicó el congresita del Bloque Magisterial a El Comercio.

Acerca del motivo de la edad límite para acceder al seguro social (28 años) que propone el dictamen, Dávila sostuvo que se debe a la “gran cantidad de alumnos, sobre todo de medicina e ingienería, que alargan su etapa de estudios”. Cabe destacar que la iniciativa indica que los estudios deben ser realizados “con éxito”. No obstante, no se precisa cómo se evaluará el desempeño del alumno.

Al respecto, el congresita indicó a este Diario que el reglamento de la norma que realizará el Ejecutivo deberá establecer los criterios para calificar el éxito de los jóvenes menores de 28 que pueden acceder al Seguro Social de Essalud. “Se puede considerar que no repitan cursos o que se establezca una nota mínima, como 14 o 15. Eso ya lo determinará el reglamento del dictamen”, señaló Davila.

Este Diario solicitó a EsSalud su postura acerca de la aprobación de la modificación del artículo 3 de la Ley N° 26790. Hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo una respuesta.

Expertos critican el dictamen

Para Abel Salinas, exministro de Salud, la extensión de la vigencia por 10 años para el acceso al seguro social que permite el dictamen aprobado es incoherente. Salinas considera inexactos los requisitos que menciona de la norma aprobada: “Que el Estado determine cómo se mide el éxito de un estudiante puede ser un criterio impreciso o antojadizo. Las universidades deben determinar este criterio. Además, la carrera de medicina ya no demanda 10 años de estudio en una universidad como se creía antes, sino entre 6 a 7. Sin criterios precisos, puede generarse un gran forado que no se podrá regular”, sostiene Salinas.

Frente al gran número de afiliados a EsSalud —12 millones y medio de personas aproximadamente—, la poca cantidad de médicos para su atención y la falta de recursos económicos, Salinas asegura que la incorporación de más afiliados al seguro social siempre debe ir acompañada de una promoción del empleo formal por parte del gobierno de tal forma que el Estado y el asegurado sean beneficiados.

“La ley debe ser observada por el Ejecutivo y este debe implementar políticas de formalización gradual o progresiva. Por ejemplo, ponerse metas anuales para formalizar al 5% de trabajadores informales, quienes accederán al seguro. De esta manera , ellos acceden al derecho a la salud y, a la vez, el Estado obtiene más ingresos para invertir en la atención de salud y otros servicios principales”, explicó Salinas.

Virginia Baffigo, expresidenta de EsSalud, coincide con Salinas en que el Ejecutivo observe la ley. Baffigo menciona que si bien el dictamen brinda un derecho para más jóvenes, no determina proporcionar los recursos suficientes a la instancias de salud para cubrir esta demanda. “Si se aprueba la norma, los beneficiarios accederán a un derecho relativo, porque no tendrán un acceso a un servicio de salud de calidad. Existe una carencia de fármacos y de personal médico que no se soluciona”, sostiene Baffigo.

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