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Hace parte del paisaje político enarbolar la bandera de las mujeres jefas de hogar, especialmente las más pobres, cuando se trata de justificar la inversión pública o buscar apoyos electorales. Una población que va en aumento y representa la cara oculta de los índices de pobreza multidimensional.
Según la última Encuesta de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en 2022, de 17.5 millones de hogares colombianos, el 44,2% tienen jefatura femenina, es decir, casi la mitad. De estos, el 69,7% son encabezados por mujeres solas o sin pareja, mientras los hogares con jefatura de hombres solos equivalen al 28,8%, una amplia brecha de género de 40,9% desfavorable para las mujeres.
Estos millones de madres solas responden por la reproducción social (múltiples y variadas actividades para reproducir y mantener la vida), al ser las únicas responsables de la crianza, la educación, la salud, la manutención económica, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Reproducen y mantienen “mano de obra” indispensable para el trabajo productivo.
La gran mayoría de ellas viven en condiciones de precariedad socioeconómica, de soledad, de escasez de tiempo para sí mismas, de subvaloración social y económica, sin contar los riesgos a los que están expuestas por sus exparejas y/o excónyuges violentos.
Ni que decir del tiempo dedicado a trámites legales para obligar al padre de las criaturas a responder. Cuando lo logran, obtienen pírricos aportes económicos, producto de decisiones administrativas con notorios sesgos de género –tomadas infortunadamente también por mujeres profesionales– en favor de los hombres denunciados, a más de la revictimización durante el proceso cuando son acusadas hasta de parir.
Las desigualdades de género materiales, sociales y simbólicas en la que están inmersas estas millones de madres a lo largo y ancho del país merecen a la hora de enaltecer la maternidad en fechas como esta, escudriñar las acciones públicas de gobiernos nacional y territoriales, congresistas, diputados, concejales, que les garantizan real igualdad de oportunidades en el acceso a los bienes y servicios del Estado.
Si la maternidad es indispensable para funcionamiento de la sociedad, deberían el Estado y los diversos actores de la sociedad reconocer de una vez por todas que este trabajo de cuidado no remunerado constituye una doble injusticia: económica y cultural para las mujeres. Por tanto, debe ser redistribuido y reconocido social y económicamente. Lo dijo el Dane en la última Encuesta Nacional de Uso de Tiempo: este trabajo aporta al Producto Interno Bruto (PIB) del país el 19,6%.
Madres en soledad, trabajadoras del cuidado doméstico y de cuidado no remunerado deben ser las primeras en ser reconocidas como trabajadoras, merecedoras de una remuneración decente que lleve consigo el derecho a la seguridad social y a todas las prestaciones legales establecidas para cualquier trabajo, incluido su derecho a una pensión de vejez.
Más de 7 millones y medio de hogares con jefatura femenina urgen de políticas de redistribución y de reconocimiento, de carácter estructural, como primera línea de las políticas públicas del cambio.
Para las mujeres vinculadas al mercado laboral, al mundo social y político, a los negocios, a la cultura, este trabajo, constituye una doble y hasta triple jornada de trabajo. Más que subsidios para las más pobres, que por buenos que sean, solo logran reproducir las condiciones de pobreza y discriminación de las mujeres, a la vez que mantienen las brechas de género.
Se requieren políticas dirigidas a desestructurar la división sexual del trabajo, causa y origen de las discriminaciones y desigualdades de género que viven las mujeres en todas las clases sociales, con impactos diferentes por supuesto, más si se entrecruzan con otra clase de subordinaciones y opresiones. “Sacar los hijos adelante solas” se ha vuelto una frase común en todos sectores sociales.
A la revolución social protagonizada por las mujeres en el último siglo, al afirmarse como sujeto de derechos en todos los campos, le falta otra cara: el ingreso de los hombres al espacio doméstico y corresponsabilizarse del trabajo de cuidado. Cuando ello ocurra podremos hablar de igualdad de derechos y oportunidades.
Mientras tanto, corresponde al Estado en primer lugar, articulado al sector privado, la academia y las comunidades dar un vuelco a la actual organización social del cuidado, para que sea el conjunto de la sociedad quien garantice el derecho a ser cuidado, a cuidar y al autocuidado.
También es indispensable desmontar y deconstruir el sistema de creencias y prácticas culturales que asignan a las mujeres esta responsabilidad bajo el sofisma de estar dotadas naturalmente para hacerlo. ¡A cuidar y cuidar bien se aprende! Es un deber de hombres y mujeres desde la niñez.
Asuntos como estos hay que ponerles lupa el Día de la Madre, y los demás días. La idealización de la maternidad al servicio del consumo de toda clase de mercancías va en contravía de las realidades materiales, sociales y culturales en que millones de mujeres y niñas viven la maternidad. ¿Será por eso que los nacimientos van en picada?
Adenda 1: Tiene el Ministerio de la Igualdad nueva oportunidad para corregir lo necesario y fortalecer todo lo acertado. Trascender las políticas afirmativas y centrarse en los cambios estructurales origen a las desigualdades sociales.
Adenda 2: Un clamor nacional por las madres palestinas, ucranianas y también israelíes que padecen los horrores de guerras intestinas que solo nutren el armamentismo y los egos masculinos enamorados de su poder de destrucción.
