Trabajadores de limpieza en alto riesgo frente al COVID-19

“Personas trabajadoras en sectores críticos en el contexto del COVID-19: el caso de la recolección de basura”, fue el tema de la doceava sesión del Seminario Permanente de Bienestar en las Américas, organizado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), en donde expertos en el tema señalaron que entre las acciones inmediatas para proteger a las y los trabajadores recolectores de basura, están la sensibilización a la ciudadanía acerca del riesgo de los trabajadores de limpia y coadyuvar donaciones permanentes de insumos sanatorios, mientras que a largo plazo, es irrenunciable su formalización y aunado a ello, el acceso a la seguridad social.

En la sesión virtual, participaron Tania Espinosa Sánchez, Coordinadora para América Latina del programa de Derecho, y Coordinadora del proyecto Ciudades Focales de Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO) en la Ciudad de México; Patrick O´Hare, miembro del Centro de Investigación e Innovación del Reino Unido, en el departamento de Antropología Social e investigador de la University of St Andrews; y Luisa Tovar, candidata a Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Colombia, maestra en Ciencias de la población y del desarrollo.

Espinosa Sánchez explicó que existen dos condiciones laborales de trabajadores de limpia en la Ciudad de México, los basificados, que son alrededor de 14 mil y los voluntarios, que suman 10 mil, gozando los primeros de un contrato laboral, prestaciones de ley seguridad social, mientras que los segundos no cuentan con ninguna de las anteriores garantías. Debido a ello, la Comisión de los Derechos Humano de la Ciudad de México emitió una recomendación en donde alertaba de los altos riesgos sanitarios que padecen los trabajadores, y situaciones como que ellos mismos deban pagar por los servicios de salud.

Indicó, además, que han encontrado casos en donde las autoridades se deslindan de cualquier responsabilidad con los trabajadores haciéndolos firmar una carta que los exime de responsabilidades como empleadores, situación que vulnera su derecho a la seguridad social.

En su participación, Patrick O´Hare señaló que existen alrededor de 4 millones de personas viven de la recuperación, clasificación y venta de material reciclado en América Latina y coincidió en que las y los trabajadores de este sector no cuentan con la cobertura de seguridad social necesaria para desempeñar su trabajo, el cual era considerado de riesgo, incluso antes de esta pandemia.

Luisa Tovar, explicó que desde 2006 en Colombia se inició un proceso de formalización de los trabajadores de este sector, a través de un decreto en aspectos técnicos, comerciales, administrativo y financiero, pero a pesar de ello, no hay importantes esquemas de seguridad social que garanticen su labor.

Los participantes coincidieron en que se requieren políticas públicas para asegurar la protección social de las y los trabajadores de este sector; en la impostergable necesidad del reconocimiento formal como trabajadores, así como de un censo que culmine en contratos de trabajo, que garanticen seguridad social y atención médica, entre otros derechos. También recalcaron la importancia de la participación de las y los recicladores en el proceso de formulación de dichas políticas.

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