El Acuerdo Nacional debe cambiar el modelo de desarrollo productivo y social del país

Durante el tercer y último día del Foro “Hacia un Acuerdo Nacional para enfrentar la crisis”, organizado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Amplio Social Unitario (FASU) y el Encuentro Nacional de Dirigentes (ENADI), los participantes coincidieron en que dicho pacto social debe considerar la necesidad de un diálogo social que incluya a todos los sectores, empezando por las y los trabajadores; garantizar el derecho humano a la seguridad social; renta básica universal; el acceso universal a la salud y a servicios básicos; la protección del empleo y del salario digno; el apoyo a las empresas; y un enfoque de género, intercultural e intergeneracional.

Cabe resaltar que los resultados de este Acuerdo Nacional serán entregados como propuesta de recuperación económica y social a los poderes Ejecutivo y Legislativo, en los próximos días.

Gibrán Ramírez Reyes, secretario General de la CISS, insistió en la necesidad de una reforma fiscal progresiva; la regulación del outsourcing, del teletrabajo y las plataformas digitales; la renta básica universal; y el tránsito hacia un verdadero sistema de pensiones cuyo núcleo sea el componente solidario.

“Los efectos de la pandemia no se han distribuido equitativamente, al contrario, se han recrudecido para los más pobres y excluidos en rubros como la alimentación, la vivienda, el acceso a la tecnología y la salud”, dijo.

Añadió que como sociedad no estábamos preparados para estos profundos cambios laborales, sin un estado fuerte que cumpla su función rectora, reguladora y sancionadora en las relaciones laborales. Además enfatizó en que “se requiere volver a la primera línea de la política de las y los trabajadores. Un acuerdo que ponga por delante el bienestar antes que las rentas y las ganancias, solo podrá llevarse a cabo si lo encabeza el sector de los trabajadores”.

Ramírez Reyes señaló, además, que hay que poner de relieve que las transferencias directas implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en las diversas problemáticas de la vida social mexicana, son lo más cercano que hemos tenido a un ensayo de renta básica universal.

Por su parte, Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la UNT, refrendó la necesidad de llevar a cabo un nuevo contrato social, en unidad de las organizaciones sociales, que el gobierno debe escuchar, atender e institucionalizar, y que hasta el momento no se ha producido.

“Mucho antes de la pandemia, ya insistíamos en la necesidad de impulsar un cambio. Esta elección abrió una ventana, pero ningún sector tenía por sí solo las capacidades de entablar un diálogo directo con el gobierno e impulsarlo; tendríamos que ser todos los sectores de la sociedad quienes se involucraran. Con este Acuerdo Nacional vamos en dirección correcta”.

Sin embargo, Hernández Juárez reconoció los avances de la reforma laboral y la discusión de la reforma al sistema de pensiones.

Agustín Rodríguez, presidente colegiado de la UNT y Secretario del STUNAM, señaló que el camino que debe seguir este diálogo social es el consenso y la máxima voluntad de todos los sectores. Agregó que la reactivación económica tiene que ser un objetivo fundamental compartido, pues las cifras de desempleo son alarmantes. “Confío en que podamos entablar una mesa de diálogo con el Gobierno Federal. Nadie puede hacerse a un lado en la construcción de este gran Acuerdo Nacional por la recuperación económica del país”, aseguró.

Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo y Previsión Social, señaló que México enfrenta un gran desafío. “Se calcula la pérdida de 1 millón de empleos formales por causa del COVID-19. El gobierno está actuando responsablemente para apalear sus efectos”.

Uno de los planes que el gobierno de México ha puesto en marcha es el de generar 2 millones de empleos en sectores como la construcción, el programa Sembrando Vida, el del turismo, y el sector público, entre otros. Otro de los esfuerzos lo constituyen los 4 millones de créditos para empresas, trabajadores y egresados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para estimular y reactivar la economía.

Óscar Moreno Moreno, secretario General de la COCEM, aseguró que los derechos laborales deben ser el eje rector del Acuerdo Nacional, el cual debe ser tripartito. El plan propuesto debe tener como condiciones fundamentales un estado de derecho funcional y una democracia vigorosa. El Acuerdo Nacional debe enmarcarse en los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo.

Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), manifestó que es necesario garantizar mayores oportunidades de empleo formal. “La Población Económicamente Activa en México es de 57 millones de personas, de las cuales 55.7 millones trabajan y, de ellas, solo 20 millones están en el mercado formal”.

El presidente del CCE enfatizó en la necesidad de modernizar la cultura empresarial y de empresas más organizadas y competitivas. Además, un compromiso de las empresas grandes con las empresas pequeñas para crear cadenas productivas más eficientes. Según el empresario, en México se invierte cerca del 21%, del cual 19% corresponde a la inversión privada.

Pablo Yanes Rizo, Coordinador de Investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) manifestó que estamos frente a un problema coyuntural que requiere una respuesta estructurada que permita no solo salir de la crisis, sino de la trayectoria de desarrollo actual. “Desde la CEPAL creemos necesario profundizar en tres aspectos: revisión del sistema de pensiones; construcción de una política de ingresos básicos; y la creación de un verdadero sistema de cuidados en el país”.

Agregó que en materia económica se necesita de un acuerdo en términos de desarrollo productivo. “Planteamos la necesidad de recuperar la importancia de la inversión pública que ha sufrido una variable de ajuste, no solo en México, sino a nivel mundial; construir pactos por la inversión; un nuevo pacto fiscal; y un nuevo pacto por el empleo decente”.

Rolando Cordera, Investigador de la UNAM, propuso que el Acuerdo Nacional debe ser para hoy, sin soslayar que esta coyuntura es de largo aliento y que debe precisarse con objetivos, entre los que destaca defender las fuentes de empleo ya existentes; una segunda fase implicaría enfocarse en la construcción de un nuevo estado de bienestar social.  

Martín Esparza, Secretario General de la Nueva Central de Trabajadores (NCT), informó que de acuerdo a datos de un estudio realizado por la UNAM, se prevé que después de la pandemia, México se convierta en el país con la mayor cantidad de personas en el empleo informal. Indicó que las medidas tomadas, hasta ahora, a través de los programas sociales no son suficientes, por lo que planteó que se cobren impuestos a las grandes fortunas y se destinen a una renta básica universal.  

Mariana González Torres, del Congreso Agrario Permanente, evidenció que, en medio de la pandemia, la condición de las mujeres en el mundo laboral está aún en desventaja, además del aumento de casos de violencia contra las mujeres, y las diferencias que aún prevalecen entre las que viven en el campo y la ciudad. Por ello, indicó que este pacto social debe tener perspectiva de género como punta de lanza y atender las demandas de las mujeres mexicanas, entre las que se incluye la repartición del trabajo. 

Gustavo Leal Fernández, especialista en salud y seguridad social y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), integró a los adultos mayores como eje central del Acuerdo Social, y aseguró que el jubileo integral puede superar el asistencialismo básico de mercado que activaron gobiernos anteriores, y poner en el centro algunas de las aportaciones económicas del estado de bienestar propuesto por la Cuarta Transformación. Explicó que el esfuerzo del gobierno actual en este rubro debe completarse, no solo a través de transferencias, sino de una verdadera pensión.  

Oscar Valverde, especialista de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), informó que en el caso específico del mundo laboral, esta crisis ha impactado en el sistema de relaciones laborales, en la división social del trabajo y en el futuro del mismo. Para contrarrestar estos efectos, la OIT recomienda la estimulación del empleo; el apoyo a las empresas, los trabajadores y los ingresos; proteger a los trabajadores en su lugar de trabajo y, buscar soluciones a través del diálogo social. Lo anterior, acompañado de una fuerte inversión social por parte del Estado.

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