Iniciativa sobre retiro anticipado de Afores pone en riesgo la sostenibilidad del sistema pensional

Respecto a la propuesta del diputado de Morena, Mario Delgado, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) destaca su objetivo de buscar un mecanismo que dote de ingresos inmediatos a la población desempleada. Sin embargo, son más los puntos que ponen en duda su viabilidad y pertinencia, e incluso colocan los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en el riesgo de incumplir con los compromisos pensionales en el corto y mediano plazos. (Ver análisis completo)

Además, la propuesta, en la que se adiciona una fracción III al artículo 191 de la Ley del Seguro Social, y se adiciona el artículo 40 BIS a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no refleja lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador al solicitar una revisión profunda del sistema pensionario del que se entreguen pensiones dignas a todas las personas trabajadoras de México.

La iniciativa en cuestión plantea que las personas trabajadoras desempleadas por el cierre de empresas a causa del COVID-19 reciban un monto extraordinario financiado con los recursos de su cuenta individual, es decir, que dispongan de forma anticipada de los recursos para su retiro con ciertas condiciones: a) se fija el monto a recibir en 3326.94 pesos (el 66.66 % financiado mediante la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y el 33.33 % a través de la subcuenta de vivienda), con una periodicidad de 4 meses consecutivos; b) si los trabajadores lo prefieren, pueden recibir 13.307.76 pesos en una sola exhibición.

Uno de los transitorios de la iniciativa indica que el Poder Ejecutivo deberá analizar el establecimiento de un programa para el reintegro de los recursos dispuestos por los trabajadores bajo un esquema de aportaciones gubernamentales y del trabajador, es decir, no hace obligatoria la restitución de los recursos tomados en esta emergencia. Al no hacerlo así, los trabajadores que decidan beneficiarse podrían ver sus fondos mermados permanentemente, lo que implica un alivio inmediato a costa de un problema financiero de largo aliento al llegar a la vejez.

Esta situación podría ampliarse en caso de que las necesidades de liquidez de las Afore se materialicen y comiencen a vender activos de sus carteras, afectando los ahorros de todo el sistema, no únicamente de las personas trabajadoras que hagan uso del beneficio en cuestión.

Esta propuesta deja a los propios trabajadores, y a los recursos que han acumulado en su cuenta individual, la responsabilidad de dotarse de liquidez ante la pérdida de empleo. Esto es grave si se considera que su objetivo es constituir un fondo de ahorro destinado específicamente a financiar sus pensiones, y no una especie de seguro de desempleo.

Además, la iniciativa no considera la diversidad de las personas que están perdiendo su empleo, lo que incluye también, por ejemplo, a las que se encuentran en la informalidad.

En caso de buscar dotar de liquidez a los trabajadores que se están quedando sin empleo, es necesario pensar en una alternativa que no afecte a los fondos que tienen el objetivo de pensionar a la población. Además, pasa por alto que la mayor parte de los trabajos que se pierden en el país son informales, y no les ofrece una opción.

De acuerdo con el INEGI, de marzo a abril de 2020 la ocupación informal disminuyó 10.4 millones de empleos informales (el 33 % del registrado hasta abril de 2020), mientas que el IMSS informa que, en ese mismo periodo, se perdieron 555 247 empleos formales (el 3 % de los registrados hasta abril de 2020). Ante estas cifras, es imprescindible acelerar las estrategias pensadas para dotar de ingresos a las personas de los cuantiles más bajos del sector informal.

Por ello, antes que pensar en los autopréstamos de las personas trabajadoras con cargo a sus ahorros para el retiro, es importante analizar otras alternativas que, solas o en conjunto, ofrezcan atención inmediata a la población que lo requiera, tales como:

  1. El ingreso básico universal. Las primeras personas beneficiadas de esta medida serían las que trabajaban en la informalidad, pero han perdido su fuente de ingresos.
  2. El establecimiento inmediato de un programa semejante al denominado “seguro de desempleo” en la Ciudad de México, que de forma inmediata atienda todas las bajas ante el IMSS.

Una opción para comenzar a financiar estos programas sería la utilización del monto que se ha logrado captar de grandes contribuyentes en las últimas semanas, los cuales son extraordinarios y ascienden a 17 000 millones de pesos, aproximadamente, y que podrían incrementarse. Un ejemplo del potencial que tendrían estos recaudos es que alcanzarían para que al menos un millón de personas accedieran a un apoyo equivalente a un salario mínimo durante 4 meses.

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