Los sistemas privados de pensiones tienen costos más altos que los públicos y transfieren el riesgo a los trabajadores

Ciudad de México a, 12 de marzo de 2020

 

En el marco de la novena sesión del Seminario Permanente de Bienestar en las Américas, organizado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Isabel Ortiz, ex directora del Departamento de Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), explicó las razones de la reversión de la privatización de los sistemas de pensiones en la mayor parte de países que decidieron adoptarlo.

Tras tres décadas de privatización de pensiones, las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron; los niveles de beneficios se deterioraron; aumentaron la desigualdad de género y de ingresos; los altos costos de transición crearon enormes presiones fiscales,— razón fundamental por la que los gobiernos abandonaron los sistemas privados­–; hubo deficiencias en la gobernanza y una captura de funciones en la regulación y supervisión; aumentó la concentración de los seguros privados; el sector financiero fue el más beneficiado;  y los riesgos del mercado financiero y demográficos se transfirieron a los individuos. 

Entre 1981 y 2014, solo 30 países de 192 privatizaron su sistema de pensiones, y de ellos, 18 lo han revertido completa o parcialmente como Eslovaquia, Letonia, Hungría, Polonia, Rusia, Rumania, Bulgaria, Argentina y Ecuador. “No es cierto que el futuro de los sistemas pensionales del mundo sea la privatización; pocos países lo adoptaron y la mayoría lo está revirtiendo”, aseguró Isabel Ortiz.

Los defensores de la privatización argumentaron que las cuentas individuales obligatorias devengarían una mayor rentabilidad, y por tanto mejorarían el cumplimiento y la disposición para cotizar, sin embargo, la mayoría de los países registraron una disminución en las tasas de cobertura en los regímenes contributivos. Por ejemplo, en Argentina las tasas cayeron en un 20%.

En cuanto al deterioro del nivel de beneficios, las tasas de reemplazo no cumplían con frecuencia con las normas de la OIT. “Por ejemplo, en Chile, la tasa de reemplazo proyectada a mediado plazo era solo del 15%, eso significa que cuando usted se jubila va a recibir el 15% de su salario, y para los trabajadores de bajos ingresos, era del 3%”. 

La razón que forzó en mayor medida la desprivatización fue el altísimo costo fiscal de los sistemas privados que, paradójicamente, se impusieron, por la supuesta baja sostenibilidad de los sistemas públicos. “Se comprobó que los costos de transición fueron completamente subestimados. En Argentina, el Banco Mundial subestimó el costo de transición en 18 veces.  En Kazajistán se estimó en un 36.5% del PIB nacional”, dijo la experta.

Por ello, desde el año 2000 el Banco Mundial y el Fondo Monetario lnternacional dejaron de aconsejar la privatización de las pensiones.

“Adicionalmente, los sistemas privados tienen enormes costos administrativos debido a que el sector privado tiene mayores comisiones como las administrativas, garantías, jurídicas, de mercadeo, auditoría, etc, que son sustraídos de lo que las personas recibirán al jubilarse. Colombia pasó de unos costos administrativos en el sistema público de 2.6% en 1963, al 26% en el año 2002”.

Además, lo que ha sucedido es que los entes reguladores, que deberían defender el interés público, terminaron cooptados por el sector privado “lo que se conoce como la puerta giratoria. Mucha gente de la superintendencia de pensiones viene de ese sistema que debe regular”. Tal es el caso de instituciones como la CONSAR en México.

La experiencia de la privatización ha demostrado que el mayor beneficiado ha sido el sector financiero, y no los trabajadores. En la mayoría de países, las regulaciones nacionales no incluyen ninguna restricción a la inversión de fondos de pensiones en el extranjero.

Los riesgos demográficos y del mercado financiero se trasladaron a los individuos, especialmente, luego de la crisis del 2008. Los sistemas de cuentas individuales transfieren los riesgos sistémicos a los individuos, es decir, que son los trabajadores los que asumen los riesgos de inversión, longevidad, e inversión. En algunos países, el Estado ha intervenido para complementar las pensiones que el sistema de pensiones debería haber proporcionado, como en el caso de Argentina, que en 2008 tuvo que cubrir el 77% de las pensiones del pilar privado.

Además, la privatización también aumentó la desigualdad de género y de las pensiones, que, en el caso de las mujeres, por temas como la maternidad o el trabajo de cuidados, no pueden contribuir durante el mismo tiempo que los hombres. “Los sistemas de reparto público tienen un sistema interno de redistribución: por una parte, transferencia de los empleadores a los trabajadores, y por otra, de aquellos con mayores ingresos a los que menos tienen, y así las disparidades pueden ser menores. Por ejemplo, en los países nórdicos se reducen las diferencias entre hombre y mujer en un 40%, alcanzando pensiones casi iguales”, enfatizó Ortiz.  

 

Reversión de la privatización y repercusiones sociales y económicas positivas

Los procesos de reversión se caracterizaron en la mayoría de países por reformas rápidas, con leyes que promulgaban la eliminación de las cuentas individuales de administración privada y la creación de sistemas públicos de pensiones basados en mecanismos de reparto. En algunos casos, se aprobó una ley para la reducción del sistema privado y luego otra que lo cerraba.  En otros, se hizo de forma directa.

Los nuevos modelos públicos reducen o abolen las cuentas individuales obligatorias y refuerzan la solidaridad y la responsabilidad compartida entre el Estado, los empleadores y empleados. El restablecimiento o la creación de una entidad pública administradora mostró mayor eficiencia administrativa y reducción en dichos costos.

La cobertura y los montos de las pensiones mejoraron debido a los nuevos derechos y prestaciones, y a los principios de solidaridad que sustentan a los regímenes de beneficio definido. Incrementaron las tasas de cobertura y disminuyeron los índices de pobreza en los adultos mayores.

Además, la situación fiscal mejoró, reduciendo el déficit fiscal y la deuda pública. En Argentina, la deuda pública se redujo del 53% al 38%; en Bolivia del 38% al 33%; y en Polonia del 56% al 50%.

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