Propuestas de reforma pensional siguen dejando intactas a las Afore; pierden los trabajadores

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social celebra que la reforma al sistema de pensiones en México empiece a ocupar los espacios de la opinión publicada, especialmente, luego del llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a realizar un análisis profundo del tema y suspender la aprobación de dicha reforma que seguía la inercia de la privatización.

Sin embargo, la CISS ve con preocupación que las diferentes iniciativas de instituciones, expertos y analistas sigan desconociendo problemas estructurales y considerando a las Afores como puntos medulares de sus propuestas. 

La propuesta de la Conferencia -misma que será presentada a los poderes Legislativo y Ejecutivo en marzo de 2020 – es muy clara: un modelo mixto de pensiones que tenga una pensión universal como base; represente un monto suficiente para vivir de manera digna; y permita al Estado recuperar la rectoría. Este nuevo modelo deberá basarse en el beneficio definido con fuentes de financiamiento establecidas para evitar cualquier afectación a las finanzas, y la posibilidad de que las Afore participen administrando los recursos de los trabajadores de mayores ingresos.

Algunos de los elementos de esta propuesta han sido retomados por algunos actores para su discusión. Tal es el caso de la publicación de Federico Rubli Kaiser, el pasado 18 de febrero en El Economista, titulada “Reforma pensionaria (II)” que recopila varios puntos formulados previamente por este organismo internacionacional, y expresados en su nota técnica “México: propuesta para un nuevo sistema de pensiones”:

  • Transitar a un modelo mixto de pensiones; 2) armonizar los dispersos modelos de pensiones en el país, 3) centralizar la gestión de los recursos aportados por los trabajadores, 4) delimitar el actuar de los involucrados en la gestión de la previsión social y 5) mantener la pensión universal.

Sin embargo, diferimos en las siguientes cuestiones:

  • La propuesta de Federico Rubli carece de una reflexión sobre la institucionalización indispensable para atacar la grave crisis que se avecina. Empata funciones de administración y supervisión en un solo ente: el Instituto Nacional de Pensiones (INP). No es factible que un ente supervisor de la norma y de las inversiones de gobiernos municipales, estatales y universidades, sea el mismo que realice la gestión y administración de los recursos del grueso de los trabajadores del país; la separación de estas funciones debe ser obligatoria.
  • En segundo lugar, evidencia un desinterés social profundo, pues esgrime que la pensión universal debe ser de $ 1500 pesos. Esta cifra se ubica por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos para zonas urbanas establecida por CONEVAL, que a enero de 2020 llegó a 1615.21 pesos. Es decir, la propuesta no considera el dinero suficiente para consumir alimentos e incluso hace a un lado todas las necesidades de la vida cotidiana como servicios básicos, vestido, productos de limpieza, entre muchos otros.
  • En tercer lugar, considera la obligación de todos los mexicanos de aportar 8% de sus ingresos a un fondo público. Es decir, incrementará de una forma u otra el porcentaje de aportación de los trabajadores, gobierno y empresas, pero no deja en claro de qué manera. Tampoco establece la tasa de reemplazo de su modelo de beneficio definido que, para cumplir con el Convenio 102 de la OIT, debería ser mayor al 40%. Lo que sí deja en claro es que todos aquellos trabajadores independientes, o que se encuentran en el mercado informal, deberán hacerse cargo totalmente de este 8%, incluyendo las personas con los salarios más precarizados.
  • En cuarto lugar, -y aquí es donde se corre el velo de la propuesta-, deja intactas a las Afore. A pesar de que ha quedado evidenciado por fuentes oficiales[1] que estas empresas privadas no deben ser consideradas como parte medular de un modelo de pensiones, la propuesta pugna por la permanencia de este mecanismo de apropiación de recursos de los trabajadores. El autor de la nota no menciona que: i) de los 75 mil trabajadores de la primera generación afore, solo 750 podrán pensionarse, ii) que solo el 9% de toda la generación afore tendrá una pensión superior a un salario mínimo, iii) que las mujeres y las personas de menores ingresos serán los más afectados, iv) que las afores mantienen sus rendimientos a nivel histórico, mientras que los trabajadores materializan los riesgos implícitos en la volatilidad de los mercados financieros.
  • La tutela del Estado en materia previsional no es algo que pueda borrarse de las propuestas de reforma de pensiones de un plumazo. El Estado debe ser el único responsable de administrar las pensiones de la población. Es indispensable entender que la seguridad social es un derecho humano, y que las pensiones forman parte de ella, pues tener garantizado un flujo de dinero constante al término de la vida laboral, es una forma de ayudar a prevenir y enfrentar los riesgos sociales. No hay que olvidar que el Estado es responsable de garantizar los derechos humanos de sus habitantes, no solo de los trabajadores que, en el caso de las pensiones, alcancen un número mínimo de días trabajados. La administración a mano de privados no ha servido para garantizar este derecho.
  • En las líneas publicadas por El Economista no hay una reflexión profunda sobre qué tiene a México al borde de la crisis social. Además, no considera las debilidades de nuestra economía, pues no hay mención alguna de la evidente necesidad de reducir las semanas obligatorias para cotizar, ni sobre fuentes de financiamiento adicionales para que funcione una reforma a las pensiones en México. La CISS ha señalado la necesidad de una reforma fiscal para la seguridad social; la CEPAL ha hecho lo propio en decir que es indispensable un nuevo pacto fiscal-social que logre cristalizar reformas fiscales y previsionales.[2]

Por lo anterior, pese a las coincidencias ya señaladas, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social sigue haciendo énfasis en la siguiente propuesta:

Es necesario crear un modelo mixto de pensiones, con una pensión para los trabajadores formales, que entregue al menos un 40% de tasa de remplazo. Este modelo debe ser parte del sistema integral de pensiones, en donde se tendría el pilar base de la pensión universal (enmarcada en su legislación correspondiente, y que considere el monto suficiente para vivir de manera digna), y que permita al Estado recuperar la rectoría en la administración de las pensiones. Se propone también la creación de un órgano que sea vigilante de la nueva ley general de los sistemas de pensiones en México (la Conape), y que a través de otro ente de administración nacional se guíen las decisiones de inversión que necesita México.

Se espera que las futuras propuestas se concentren más en solucionar el problema y beneficiar al pueblo de México, y no a aquellos que se han beneficiado a costa de su trabajo y en detrimento de una pensión digna.

[1] Consar, “Apuntes sobre el SAR No. 2. Diagnóstico de la generación Afore del IMSS”, 2019. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/509334/2_AP-nov-19_Diagno_stico_IMSS_GA.pdf

[2] Alberto Arenas de Mesa, “Los sistemas de pensiones en la encrucijada. Desafíos para la sostenibilidad en América Latina”, CEPAL, 2019

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