Legisladores en deuda con los más pobres en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó a los legisladores a elevar a rango constitucional el otorgamiento de pensiones a los adultos mayores y discapacitados, así como de becas, asegurando el presupuesto requerido. Lo anterior, luego de enviar la iniciativa a la Cámara de Diputados hace unas semanas. La Conferencia Interamericana de Seguridad Social se une al llamado del primer mandatario para transitar a la garantía de la seguridad social como derecho humano.

Al respecto, Gibrán Ramírez Reyes, Secretario General de la CISS, aseguró que “constitucionalizar, en resumen, separa el ejercicio de los derechos del gobierno en turno y da mayor certidumbre sobre su permanencia; constitucionalizar, como se pretende con la reforma al artículo cuarto, implica interponer un trabuco contra el uso clientelar de las transferencias del sistema de seguridad social”.

La reforma al artículo cuarto constitucional obligará al gobierno mexicano, independientemente de quién lo encabece, a pagar una pensión universal a los adultos mayores –recuperando así el hecho de que las pensiones deben ser por vejez, no por antigüedad laboral–, a los discapacitados de manera permanente y a instituir un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar que dote de consultas y medicamentos gratuitos a toda la población, especialmente a aquella que no cuenta con seguridad social tripartita.

“Si la política de “desarrollo” social se planteaba como asistencialista y focalizada en la generación de capacidades para romper los ciclos intergeneracionales de la pobreza, cosas todas en las que se fracasó, la política actual de bienestar aspira a hacer realidad el derecho humano a la seguridad social”, añadió el titular del organismo internacional.

Si bien la aprobación de la reforma constituiría un gran avance, faltará un buen trecho para llegar a la satisfacción del derecho humano a la seguridad social, base del bienestar. El principal pendiente de la nueva seguridad social mexicana no radica en la esfera de las transferencias, sino de los servicios. Son por lo menos tres, que tienen que plantearse en el futuro y que podrán concretarse, seguramente, después de una reforma fiscal: un sistema público uniforme de estancias infantiles, una política de vivienda para quienes carecen de un empleo asalariado formal y la garantía de acceso al agua y el saneamiento de la misma. Por ahora, el principal reto es la puesta en marcha del INSABI.

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