Anuncio de Hacienda sobre reducción de comisiones solo beneficia a las AFORES

Pese al anuncio del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sobre la reducción de las comisiones de las Afores que se traducirá, según dijo, en una pensión digna para los trabajadores al final de su vida laboral, cerca del 80% de los trabajadores formales –es decir, los que aportan todos los meses para recibir una pensión al final de su vida laboral–, tampoco recibirán su pensión. Así lo estableció la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

Condiciones normativas, económicas y estructurales

Existen restricciones normativas, económicas y estructurales que así lo impedirían. En la reforma a la Ley del Seguro Social (LSS) de 1995, se aumentaron las semanas obligadas para aspirar a una pensión, pasando de 500 (10 años) a 1250 (24 años). De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (CONSAR), el 80% de los afiliados al IMSS cotizarán menos de 20 años, no porque no quieran hacerlo, sino porque las debilidades de la economía los expulsan constantemente del mercado formal. Es decir, 8 de cada 10 trabajadores no cumplen el requisito mínimo para jubilarse.

Entre las condiciones económicas es necesario precisar que en los albores de la seguridad social se apostó por un mercado formal desarrollado y que abarcase la totalidad de la economía. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, el 53% de la población se encuentra laborando en la informalidad, es decir, no cotizan para una pensión. Es falso suponer que el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) es un pilar de la seguridad social.

Las utilidades netas de las Afore en 2018 registraron una cifra histórica de aproximadamente $10 700 millones de pesos[1]. En contraste, el CONEVAL reportó que cerca de 704 000 adultos mayores vivían en situación de pobreza extrema al cierre del 2018; por cada adulto mayor en situación de pobreza extrema en el país, las Afore están generando más de $13 400 pesos anuales, en promedio, de utilidades.

Adicionalmente, frente a la creciente precarización laboral, el monto aportado para las pensiones es ínfimo y, debido a que el modelo actual eliminó la solidaridad del esquema, lo que cada persona ahorre de forma individual servirá poco para el futuro. 

Argumentan que la generación de 64.3 millones de cuentas administradas en 10 AFORE, con un saldo promedio de 66,090 pesos, es un éxito.

Según las declaraciones de Bernardo González, presidente de AMAFORE, durante la Conferencia de Prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado miércoles 29 de agosto, la generación de 64.3 millones de cuentas administradas en 10 AFORE, con un saldo promedio de 66,090 pesos, “es un éxito”. Sin embargo, esta afirmación es falsa.  

Al 31 de julio de 2019 se registraron, solamente, 20.3 millones de empleos formales. Es decir, por cada tres cuentas administradas por las Afore, en realidad solo hay un trabajador formal aportando. El problema es que las Afore siguen cobrando comisiones por todas las cuentas, incluyendo aquellas que en su momento fueron abiertas, pero sobre las cuales, debido a las características de la economía, ya no reciben aportaciones. Pensar que dos terceras partes de las cuentas en esta situación servirán como un vehículo para el ahorro voluntario, sólo dota de instrumentos a las Afore para seguir cobrando comisiones, pero ahora, hasta para los trabajadores que se encuentran en la economía informal.

Actualmente se tienen $ 3.7 billones de pesos (15.6% del PIB) en activos netos

En la exposición de motivos de la reforma a la LSS de 1995 se expresa la obligación del Estado de contribuir de manera más efectiva al desarrollo nacional, aumentar el ahorro interno y generar empleo, utilizando las ventajas de los mercados financieros para mejorar las pensiones de los trabajadores. Nada de eso sucedió. Se individualizaron los riesgos de empobrecimiento en la vejez, concentrado el 16% del Producto Interno Bruto en sólo diez empresas. Tampoco se crearon más empleos, pues la informalidad roza el 60%. Por otro lado, ni siquiera los mercados financieros fueron desarrollados, pues actualmente hay menos de 150 empresas en la BMV, cuando en el año 2000 había 177 listadas[2].

Las Afore administran el 16% del PIB, del cual invierten poco más de la mitad en bonos del gobierno (ver gráfica 1). Esto significa que invierten en instrumentos libres de riesgo. Las inversiones están respaldadas por el propio gobierno federal, por lo que no necesitan evaluaciones de alto nivel por parte de las Afore. No obstante, las administradoras cobran comisiones como si éstas fueran fondos de inversión especializados que buscaran rendimientos elevados para los trabajadores. De la misma forma que disponen de los ahorros individuales para generar utilidades, se escudan en las bondades del gobierno para realizar inversiones de bajo riesgo. 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR

Presumen un rendimiento histórico (1997 – julio 2019): 11.07% nominal anual promedio, 5.27% real anual promedio.

Otra de las problemáticas por las que la Conferencia Interamericana de Seguridad social aduce que el anuncio de la Secretaría de Hacienda carece de veracidad es que se pretende confundir a la opinión pública enunciando un determinado rendimiento nominal y real promedio obtenido por las Afore, cuando en realidad, en los últimos años, el rendimiento real ha sido negativo.

El rendimiento nominal (sin tomar en cuenta las comisiones cobradas, ni la inflación) entre 1999 y 2007, fue de 14% promedio anual. A partir de 2008 y hasta 2018, los rendimientos nominales alcanzan sólo el 6.5% anual[3]. Si descontamos la inflación y las comisiones cobradas, tendremos periodos con rendimientos negativos o cercanos al 0%. Ahí donde los ahorradores tienen rendimientos negativos, las Afore siguen ganando.

Se argumenta que el incremento de la pensión se dará aumentando las aportaciones de trabajadores y empresas

Dado que la pensión depende del nivel del sueldo, del monto de las comisiones, de la volatilidad de los mercados financieros, y de los años cotizados, es poco probable que, únicamente incrementando las aportaciones y la edad de jubilación, existan pensiones que ayuden realmente a enfrentar los riesgos sociales, producto de la vejez.

En conclusión, el anuncio de la Secretaría de Hacienda no ataca la raíz del problema de las pensiones en México y sigue promoviendo un modelo en donde los grandes ganadores son las Afore. Disminuir las comisiones e incrementar la tasa de aportación no implica un cambio estructural, ni ayuda a solventar las consecuencias del modelo económico neoliberal aplicado a las pensiones. Por eso, desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social proponemos un modelo mixto en el que el Estado recupere la rectoría del sistema de pensiones y realmente asegure que todos los mexicanos y mexicanas puedan enfrentar la vejez dignamente.

[1]La utilidad neta es el registro que indica el nivel de ganancia después de descontar el pago de impuestos y la deuda a los ingresos, los costos y gastos.

[2]BMV, “Informe Anual 2000”, 2001, Disponible en: https://www.bmv.com.mx/docs-pub/informeAnual/1ew48e3n73mxely537u5.pdf

[3]CIEP, “Modificaciones propuestas a la Ley del SAR”, Disponible en: https://ciep.mx/modificaciones-propuestas-a-la-ley-del-sar/

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1 comentario

  • David Meléndez

    Felicidades!!!! Buen documento técnico, es claro y con datos sólidos, es un gusto ver este nivel de debate. Ojalá en hacienda escuchen.

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