La CISS plantea modelo mixto para afrontar crisis pensional en México

La materialización del problema de las pensiones iniciaría en 2022

El sistema de pensiones en México está en crisis debido al modelo de capitalización individual, la elevada fragmentación y la falta de una reglamentación clara que regule a todas las entidades encargadas de administrar las pensiones. Se trata de un sistema fragmentado, desigual, excluyente, desordenado, empobrecedor y costoso, según detalla un documento de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

En su Nota Técnica. México: una propuesta para un nuevo sistema de pensiones, la CISS propone la creación de un modelo mixto de pensiones que tenga una pensión universal como base; represente un monto suficiente para vivir de manera digna; y permita al Estado recuperar la rectoría. 

Según detalla el documento, de no tomar medidas urgentes al respecto, la materialización del problema de las pensiones en México iniciaría en tres años. Para el 2022, se calcula que 90.000 personas podrán ejercer su derecho a la jubilación: la primera generación Afore. Sin embargo, la gran mayoría recibirá una negativa, pues no cumplirán con el tiempo de cotización requerido y, por lo tanto, perderán su derecho a pensión. Estos mexicanos recibirán el ahorro acumulado en sus cuentas para el retiro, quedando sólo con la posibilidad de tener una pensión no contributiva. 

De acuerdo a la propuesta del organismo internacional, el nuevo modelo deberá basarse en el beneficio definido con fuentes de financiamiento establecidas para evitar cualquier afectación a las finanzas, y la posibilidad de que las Afore participen administrando los recursos de los trabajadores de mayores ingresos. 

También se crea la Comisión Nacional de Pensiones (CONAPE), como órgano vigilante de la nueva ley general de los sistemas de pensiones en México, que procure la sana gestión de las pensiones en el país.

Por ello, la propuesta de la CISS señala que el nuevo sistema de pensiones en México se debe regir bajo los valores de solidaridad, universalización y equidad. El sistema debe abarcar a todas las personas en el país —indistintamente de su condición laboral—, aceptar la realidad y capacidades de la economía mexicana, así como ser distributivo y progresivo.

Para lograr lo anterior, se propone etiquetar fuentes de financiamiento que aseguren un monto determinado, tales como impuestos especiales adicionales a tabacaleras, bebidas saborizadas, banca múltiple, bebidas alcohólicas e impuestos al capital.

 

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